El proceso de desregulación económica y quita de subsidios implementado por el Gobierno Nacional transformó por completo la rutina de millones de trabajadores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un relevamiento de datos arrojó luz sobre la magnitud del ajuste en los servicios públicos y encendió las alarmas en el sur del Conurbano: durante la gestión de Javier Milei, el boleto de colectivo multiplicó su precio por 16, registrando un incremento nominal que pulverizó por completo a la inflación acumulada del período.
Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el costo de viajar en transporte público experimentó una escalada muy superior al índice general de precios, que ya de por sí acumuló un alza del 303,5%. En este escenario, el boleto de colectivo en la Provincia de Buenos Aires lidera el ránking de los incrementos viales con un salto del 1.545%, seguido por las líneas de jurisdicción de CABA (+1.250%) y las de órbita nacional (+1.221%). El subte, por su parte, se multiplicó por casi 18 (+1.668%) y los trenes hicieron lo propio por 10.
De menos de un día a casi una semana de trabajo solo para viajar
El impacto de esta política tarifaria se traduce de forma dramática en los ingresos de los sectores asalariados. El gasto mensual en transporte para un empleado del Conurbano que debe combinar colectivos y subte para llegar a su puesto laboral pasó de representar el 2,6% al 17,3% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Esta asfixia económica se explica por una doble pinza: mientras las tarifas subieron por el ascensor, el salario mínimo fue fijado de manera unilateral por el Poder Ejecutivo —sin lograr acuerdos tripartitos con gremios y empresas—, acumulando una brutal caída real del 43%. Expresado en términos cotidianos, un trabajador pasó de necesitar menos de un día de labor para pagar sus viajes del mes a tener que destinar casi cinco días enteros de su sueldo solo para financiar el viaje de ida y vuelta al trabajo.
La devaluación de las becas y el abismo con el interior
El ajuste también golpeó de lleno la terminal educativa. La Beca Progresar, que permanece completamente congelada en 35.000 pesos desde marzo de 2025, sufrió una pérdida del 87% en su poder de compra real. En diciembre de 2023, dicha asistencia estatal equivalía a unos 839 boletos de colectivo; para abril de 2026, apenas alcanza para cubrir 111 viajes, empujando a miles de estudiantes secundarios y universitarios de la región a revisar la continuidad de sus estudios.
Por otra parte, la eliminación total del Fondo Compensador al Transporte del Interior decretada por la Casa Rosada en febrero de 2024 profundizó una fuerte brecha federal. Aunque el AMBA sufrió la multiplicación por 16 de sus tarifas (con un boleto promedio en torno a los $700), quedó a una distancia de más de tres veces respecto de las ciudades más caras del interior del país, donde localidades como San Martín de los Andes ($2.300), Rawson ($2.192) o Santa Fe ($1.900) pagan tarifas prohibitivas en regiones donde los salarios no son estructuralmente más altos.
Combustible en alza y un freno de emergencia en YPF
Detrás de la suba de los boletos también operó la disparada del precio del gasoil, que aumentó un 536% en el mismo período, superando por más de 230 puntos porcentuales a la inflación general y metiendo una presión insostenible a los costos operativos de las empresas de transporte.
La tensión internacional también sumó su cuota de incertidumbre: la reciente escalada del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán disparó los valores internacionales del crudo. Ante este panorama, el gobierno nacional dispuso un congelamiento temporal en los surtidores de YPF entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2026, una medida que actuó como un amortiguador transitorio para las golpeadas líneas de colectivos del Conurbano.
Menos pasajeros y un círculo vicioso que no termina
La consecuencia directa en los barrios es visible: las paradas lucen con menos filas y los coches transportan menos gente. Las estadísticas reflejan que la caída de pasajeros responde a una presión combinada. Por un lado, el encarecimiento directo del pasaje restó capacidad de pago a los usuarios; por el otro, el cierre de más de 24.000 empresas y comercios contrajo la demanda estructural de viajes laborales en toda la región metropolitana.
El panorama hacia adelante no es alentador. Con los costos aún elevados, el desfinanciamiento del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) —que cayó un 17,5% real comprometiendo las obras viales y ferroviarias— y la vigencia de una fórmula de actualización mensual indexada al IPC+2% para los colectivos porteños y el subte, el proceso de recomposición tarifaria está lejos de haber concluido, amenazando con nuevas subas a lo largo de este 2026.
