La miseria y la explotación laboral más extrema quedaron al descubierto en la zona frutihortícola de La Plata. Tras una denuncia por trabajo infantil, la Policía Bonaerense allanó un inmenso predio rural en la localidad de Los Hornos, donde se topó con un escenario desolador: 150 personas viviendo en condiciones infrahumanas, sometidas a un régimen de esclavitud moderna.
El operativo, que se desplegó en la intersección de las calles 185 y 80, fue impulsado por una alerta del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) tras detectar a una nena de apenas 14 años trabajando en la cosecha de tomates.
Al ingresar al lugar, los efectivos de la Dirección de Trata de la Bonaerense contabilizaron 99 adultos y 51 menores. La mayoría son «trabajadores golondrina» provenientes de provincias del norte argentino, quienes sobrevivían hacinados en cuatro complejos de viviendas improvisadas con maderas, chapas y sin ningún tipo de higiene o servicio básico.
Encerrados y explotados
Lo que encontraron los agentes al inspeccionar las casillas superó cualquier previsión. En una de las tapareras, rescataron a una menor en silla de ruedas junto a su madre. Pero el hallazgo más macabro se dio a pocos metros: un hombre de 30 años, con espectro autista, se encontraba solo y encerrado en una habitación cuya puerta estaba bloqueada con cadena y candado.
El nivel de explotación económica era igual de brutal. Según los testimonios recabados en el lugar, los trabajadores no estaban registrados y recibían la miserable suma de $250 por cada cajón de tomates cosechado y cargado. Para tomar dimensión del abuso: el convenio vigente establece un pago cercano a los $50.000 por una jornada legal de ocho horas.
Los responsables del horror
Durante el procedimiento, la fiscal María Cecilia Corfield (UFI N° 15 de La Plata) ordenó secuestrar los celulares de los encargados del predio. Fue entonces cuando tres personas intentaron resistirse y se mostraron hostiles con la policía.
Los detenidos fueron identificados como Verónica Tumori (54) —quien insólitamente aseguró ser la «asistente social» encargada del bienestar de las familias—, y Fabio y Tiziano Agostinelli (de 54 y 52 años), señalados como integrantes de la familia propietaria del campo. Los tres quedaron imputados por resistencia a la autoridad y encubrimiento, mientras la Justicia avanza en la causa por explotación laboral y reducción a la servidumbre.
