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Reclaman a Vidal que anule la designación de un fiscal de Casación

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Albarracin CesarLa Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto al CELS y otros organismos y funcionarios judiciales pidieron a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que «anule el decreto del Poder Ejecutivo que designa a César Albarracín como fiscal de casación adjunto», por su responsabilidad en «violaciones a los derechos humanos cometidas en cárceles» que estaban a su cargo.
Objetado también por organismos como la Defensoría de Casación, CEPI, Fojude y AJUS La Plata, Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre como subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia provincial y tuvo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense.

 
En un comunicado, la CPM explicó que el cuestionamiento se fundamenta «en las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las cárceles bajo su gestión… por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda».
Señaló además que las políticas impulsadas por el ex funcionario «contravienen la Constitución provincial que reclama el respeto por los derechos humanos y los valores democráticos».
En su solicitud a la mandataria bonaerense, los peticionantes impugnaron la designación de Albarracín «por contrariar el tercer párrafo del art. 175 de la Constitución de Buenos Aires».
«La gestión de Albarracín en aquella Subsecretaría se basó en la negación de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de su libertad en la provincia», argumentaron.
La CPM subrayó que «las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la muerte, han sido sistemáticamente negadas por la gestión del Dr. Albarracín, que no tomó medidas efectivas para combatirlas y obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar».
«Este modo de gestionar, provocó la interposición de múltiples acciones judiciales e incluso, la necesidad de recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante estos reclamos, la respuesta del Dr. Albarracín, como representante de aquella Subsecretaría y del Poder Ejecutivo provincial, fue obstaculizar la labor de la justicia en la tutela de estos derechos», aseveró.
La nota presentada a Vidal recordó además la «reiterada negativa» de Albarracín a cumplir órdenes judiciales y su sistemática práctica de recurrir e impugnar hábeas corpus colectivos, admitidos por jueces, por agravamiento de las condiciones de detención en ámbitos carcelarios, «impidiendo que se ejecuten las medidas destinadas a hacer cesar los actos lesivos verificados por los magistrados».

Fuente: Telam


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