Por Claudio Morel
Una de las grandes discusiones que los movimientos populares plantean históricamente al Estado es la redistribución de la riqueza, lo que exige el diseño de políticas públicas tendientes a materializarla. En un país con recursos excepcionales como para que todas y todos, adultes y niñes, tengamos la posibilidad de vivir con las necesidades básicas satisfechas, no es aceptable naturalizar la brecha entre ricos y pobres.
En consecuencia, ya sea por ley o por decreto, es urgente avanzar en la discusión del Salario Básico Universal (SBU). Una medida sugerida por la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, durante el acto en Ensenada en homenaje a Juan Domingo Perón a 48 años de su fallecimiento. Será, también, uno de los desafíos de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que el lunes asumió en reemplazo del renunciante Martín Guzmán.
Este ingreso universal tiene la importancia de que busca darle cobertura mensual a 7,5 millones de personas de entre 16 y 64 años (27 % de esa población) que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica: desempleadxs, monotributistas o con empleos informales. Equivale a una Canasta Básica Alimentaria y representaría un costo fiscal de apenas 1,8 % del Producto Bruto Interno (PBI), aunque con la probabilidad de que se reduzca a 0,7 %.
De esa forma, se les daría a quienes perciban este salario la posibilidad de estudiar o de buscar un trabajo, con la garantía de que todos los días contarán con un plato de comida para ellxs y sus hijes.
Tras el discurso de Cristina, habría que sacar un anotador y hacer algunos cálculos como ayudamemoria: ella recordó que en el 2003, cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno nacional, el Plan Jefes y Jefas incluía a más de 2,2 millones de personas, y al 9 de diciembre de 2015, cuando CFK finalizó su mandato y asumió una de las gestiones más nefastas de nuestro país (el macrismo) solamente quedaba un 10 % de esos planes. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo implementó en la Argentina la Asignación Universal por Hijo (AUH), que actualmente abarca a 4,3 millones de niños y niñas (el 0,52 % del PBI) cuyos padres y madres no tienen empleo formal. En tanto, recordó que el Programa Potenciar Trabajo abarca a 1,3 millones de personas (el 0,40 % del PBI).
“Simplemente estoy diciendo que es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar. Porque si hay 7 millones de trabajadores informales en la Argentina, ¿por qué reciben solamente un ingreso extra 1.345.000 y no los 7 millones”, preguntó al público la Vicepresidenta de la Nación.
En un escenario de presión inflacionaria, especulación de los sectores financieros e incertidumbre en el pueblo trabajador, el reclamo por el SBU crece en las organizaciones sociales y en el kirchnerismo.
Hasta el momento, la nueva ministra de Economía deslizó que “es necesario discutir estos temas”, todavía no definió una postura concreta. Esperamos que el proyecto presentado por el diputado nacional Itaí Hagman sea tratado y aprobado en la Legislatura o que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firme un decreto que lo concrete como política pública de un gobierno nacional y popular, desde una óptica de recuperación de derechos básicos para el pueblo trabajador.
*Concejal del Frente de Todos y referente de Unidos y Organizados
