El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luís Arias, hizo lugar a la cautelar presentada por un grupo de consejeros escolares de Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, y Cañuelas para que se dé marcha atrás con la municipalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y que la potestad vuelva a los Consejos Escolares. Ahora, los 12 municipios que iniciaron la prueba piloto decretada por la gobernadora María Eugenia Vidal tienen 30 días dejar de ejecutar el programa y realizar los pasos correspondientes para que el SAE sea llevado a cabo por el Consejo.
La Justicia advirtió en su fallo que el decreto 2077/16 “resulta contrario a las disposiciones constitucionales y legales vigentes que expresamente disponen que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnico –pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares” y que el “Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 246 indica que las actividades que los establecimientos educativos concreten en el marco del Servicio Alimentario Escolar son responsabilidad de los organismos provinciales específicos” por lo cual cuestionó que el decreto “no puede desconocer lo establecido por normas de rango superior, las que determinan claramente la competencia de los Consejos Escolares en la gestión de los servicios educativos, que incluyen al Servicio Alimentario Escolar”.
En diálogo con DiarioConurbano.com, el consejero escolar de Lanús y uno de los presentadores de la cautelar, Roberto Crovella, destacó que “es una medida acertada de la Justicia porque el decreto de la gobernadora era una decisión anticonstitucional” y señaló que la resolución del juez “establece que la Provincia informe y explique todo lo necesario de porqué llevaron a cabo ese decreto sobrepasando instancias superiores como el la Constitución provincial”.
Asimismo, advirtió que en Lanús, en donde se puso en práctica la prueba piloto, “no se ha llevado a cabo ninguna licitación para el SAE lo cual determina que realizaron contrataciones de forma directa y eso no corresponde y lo prohíbe la ley” y negó que durante estos días mientras se realiza la vuelta atrás del decreto pueda existir algún tipo de inconveniente con la prestación del SAE al subrayar que “por el momento el Municipio va seguir proveyendo el servicio hasta que se cumpla el plazo que dio la Justicia y se empiece a hacer cargo el Consejo, nuevamente”.
“No teníamos ninguna dificultad con el SAE, por eso, no entendemos esta actitud caprichosa de la gobernadora de sacar algo que está establecido en la Constitución. En vez de ocuparse de cosas importante como la falta de inmobiliario en las escuelas, la falta de infraestructura o de solucionar el problema salarial de los docentes, se ocupan de un tema que por Constitución le corresponde a los Consejos”, reclamó Crovella y cuestionó que “en noviembre se pidió una audiencia con la gobernadora pero nunca dieron una respuesta, también se pidió hablar con el Ministerio de Desarrollo Social y no hubo respuesta”.
Los consejeros escolares que presentaron, en forma conjunta, la acción de amparo fueron Roberto Crovella, Miguel Ruíz, Héctor Peñalva, Lorenzo Giunta, Agustín Balladares y Eduardo Della Corte.
