La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió el apartamiento y el jury para tres fiscales de Lomas de Zamora. El organismo acusa a dos de ellos de iniciar una causa para perseguir a un juez y al restante por “cajonear” un expediente en el que se investigaba un caso de violencia institucional. La denuncia apunta al fiscal General Adjunto, Sebastián Scalera, y los representantes del Ministerio Público lomense, Sebastián Bisquert y Pablo Rossi.
La CPM hizo la presentación la semana última ante la Secretaría de Enjuiciamiento de la Suprema Corte. El escrito lleva la firma del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y de la asesora presidencial, Dora Barrancos, entre otros integrantes del organismo provincial.
El caso es inédito porque nunca se había pedido en forma conjunta el jury de tres funcionarios judiciales de Lomas.
La denuncia se enmarca en fuertísimos cruces que vienen teniendo lugar en Lomas de Zamora entre jueces y fiscales, inclusive con la participación activa del procurador bonaerense, Julio Conte Grand. La situación fue advertida en dos oportunidades por el extinto ex ministro de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari.
El escrito – al que tuvo acceso DiarioConurbano.com – realiza un pormenorizado desarrollo de los antecedentes de la denuncia. Allí se incluye, entre otras situaciones, el desplazamiento del fiscal General suspendido, Enrique Ferrari; las presiones de parte de la AFI a los jueces Gabriel Vitale y Luis Carzoglio, este último suspendido en sus funciones; y la aplicación de la figura del arrepentido – no contemplada en el procedimiento penal bonaerense – para lograr avances en la denominada causa Independiente.
En el caso del fiscal Scalera, la CPM aseguró que “realizó una auditoría ilegal (en el Juzgado del juez Gabriel Vitale) en miras a comenzar una persecución” contra el magistrado. Mediante la obtención ilegal de pruebas durante esa auditoría – sostuvo el organismo – “le iniciaron una denuncia penal por el delito de falsedad ideológica y dieron curso ´formal´ a la persecución iniciada”.
Esa causa nunca tuvo juez de Garantías ni tampoco se resolvió la recusación planteada por el juez Vitale al fiscal Pablo Rossi, instructor del expediente. Para la CPM, este causa abrió el camino para investigar aspectos de la vida personal de Vitale que nada tenían que ver con el expediente por presunta falsedad ideológica.
Es más, la acusación en ese expediente fue la base de un pedido de jury realizado por el procurador Conte Grand contra el juez Vitale.
En marzo de 2020, recordó la CPM, el fiscal Sebastián Bisquert – de la UFI 8 que investigaba a Vitale – pidió el expediente citado a la Cámara de Apelaciones y armó un legajo secreto en donde dispuso medidas que apuntaban a conocer aspectos de la vida personal y familiar del magistrado.
“En el marco de una investigación por el delito de falsedad ideológica, librar oficios solicitando información privada y personal a entidades bancarias, registros de la propiedad y/o Dirección de Migraciones, constituye un claro incumplimiento del principio de congruencia que debe regir las investigaciones penales y por tanto del derecho de defensa del Sr. Vitale”, sostuvo la CPM al fundamentar la acusación contra Bisquert.
En relación a Sebastián Scalera, la Comisión Provincial por la Memoria aseguró que el fiscal “inició una persecución injustificada e ilegal contra el Dr. Vitale, que comenzó con la auditoría ilegal realizada sobre el Juzgado de Garantías a su cargo y continuó con la denuncia formal realizada por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica. Ello configuró un incumplimiento de sus deberes como funcionario público, en particular por violar la normativa respectiva al control realizado sobre los organismos jurisdiccionales”
Sobre Pablo Rossi, la CPM puntualizó el caso de la demora en la investigación de un caso de violencia institucional de 2013 que el propio fiscal terminó archivando. También hizo referencia al caso de la jueza Civil y Comercial María Zulema Vila, a quien Rossi investigó tras una denuncia de los directivos de la empresa Expreso Lomas a quienes la propia jueza había denunciado.
En este último caso, el organismo recordó que la denuncia contra Vila – que intervino en la quiebra de aquella empresa – tenía las firmas adulteradas. Por otro lado, Rossi no instruyó la denuncia de jueza contra los directivos de Expreso Lomas.
La investigación contra Vila llevó a que todos los jueces civiles de Lomas se excusaran de intervenir en la causa original. Además,
Al igual que en el caso de Vitale, la investigación de Rossi derivó en un requerimiento de jury a Vila. En el caso de la jueza, el pedido fue desestimado.
A partir de esos fundamentos, la CPM pidió el apartamiento de sus cargos de los fiscales Scalera, Bisquert y Rossi y el inició del jury contra estos funcionarios de la Justicia de Lomas.
El escrito además de la firma de Pérez Esquivel y Barrancos fue rubricado por Víctor De Gennaro, fundador de la CTA, Nora Cortiñas, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, y el padre Pepe Di Paola, referente del movimieno de Curas Villeros. Todos ellos integran, junto a otras personalidades públicas, la conducción de la Comisión Provincial por la Memoria.
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