El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunciaron que en la segunda quincena de agosto comenzará la auditoría al programa «Potenciar Trabajo», el plan que el Estado delegó en los movimientos sociales, que ya se preparan para resistir con la guardia alta.
La polémica se reabrió cuando un par de meses atrás la vicepresidenta Cristina Kirchner fue contra el Movimiento Evita y sugirió reemplazar este tipo de programas sociales por una política de ingreso directa para un universo mayor de personas, sin intermediaciones ni discrecionalidades. Pero ante la llegada de Sergio Massa a Economía, el Gobierno prometió avanzar con un reordenamiento de los planes sociales, aunque sin dar demasiadas precisiones.
Esto puso en alerta a los movimientos sociales que no quieren ser desplazados como intermediarios, ya que las cooperativas de trabajo que organizan les sirve también para fidelizar una base estable de militancia y financiamiento para sus estructuras políticas.
El jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, sospecha que detrás de estas maniobras, que comenzarán con la auditoría, está la mano negra de la vicepresidenta, que se la tiene jurada a la principal organización social del país desde que en 2016 rompió con el bloque del Frente para la Victoria en el Congreso y en 2017 apoyó la candidatura de Florencio Randazzo para restarle votos a la lista de Unidad Ciudadana.
«Vamos a auditar con dos ejes: cuidar al beneficiario y, como Gobierno y Estado, seguir generando y ampliando derechos», destacó hoy Zabaleta, en cuya figura desconfían no solamente las organizaciones izquierdistas de Unidad Piquetera, sino también las oficialistas, porque le atribuyen a él la función de ejecutor del mentado «tijeretazo» sobre los programas Potenciar Trabajo.
