Un fiscal de Lomas de Zamora allanó la Comisaría de Ingeniero Budge y el ex Comando de Prevención Comunitaria de Lomas en el marco de una investigación por aprietes a feriantes de La Salada. Los sospechosos de ejecutar esas coacciones a cambio de dinero son policías y barras bravas, en su mayoría de Boca Juniors.
Fuentes judiciales informaron a DiarioConurbano.com que el fiscal Carlos Baccini dispuso también el allanamiento de cuatro viviendas ubicadas en Ingeniero Budge. En ellas fue detenida una persona, que sería barra de Boca, acusada de “coacción agravada”. En tanto, no fueron halladas armas.
“Por esta misma causa hay otras cuatro personas acusadas por lesiones y amenazas que declararán en los próximos días”, indicaron las fuentes consultadas por este portal.
Según la denuncia original, un grupo de barras de Boca les pediría dinero a los puesteros para permanecer en la feria de La Salada y cuando estos denuncian la situación a la policía, les sugieren que no formalicen la denuncia porque les pueden “armar una causa”.
La misma situación denunciada por los feriantes fue expuesta por varios remiseros que trabajan en esa megaferia de Ingeniero Budge. Justamente, la mira de los investigadores está puesta en la comisaría de la zona.
Esta situación ha generado numerosas situaciones de violencia en La Salada por el control de distintos sectores de la feria. Muchas de las causas judiciales por esos hechos son llevadas adelante por el fiscal Carlos Baccini, titular de la UFI 15 de Lomas de Zamora.
En noviembre pasado, en una causa similar, también llevada adelante por el fiscal Baccini, un comisario de la Policía Bonaerense fue detenido acusado de amenazar a comerciantes de la Feria de La Salada con “armarles” causas penales si denunciaban a miembros de la barra de Boca que, desde hace más dos años, vienen realizando hechos de violencia para quedarse con los puestos de espacio comercial ubicado en Ingeniero Budge.
Junto al jefe policial fue detenido, por el mismo delito otro ex jefe de calle de la Comisaría de Budge. Ambos efectivos fueron dejados en libertad pero siguen procesados por el delito de coacción agravada.
