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Por Laura Berardo (1) La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por unanimidad hizo lugar al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional en el año 2020 por el recorte de los fondos de la coparticipación, se encuadra como un fallo partidario. Está dirigido a favorecer a los intereses de la oposición, particularmente a Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio en detrimento del carácter federal del país.
Además, la mayoría de los gobernadores están de acuerdo en que este accionar de la justicia nacional es un atentado a la democracia ya que somete los intereses de la minoría porteña a la de las provincias preexistentes a la conformación de la Nación.
Es que la medida afecta a todas las provincias con 183 mil millones de pesos menos para distribuir en todo el país y tendrá un fuerte impacto en aquellas medidas previstas para salud, educación y obra pública, no sólo para los bonaerenses, sino para todo el conjunto de argentinos y argentinas.
Este fallo no hace más que profundizar la enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto de las provincias y encima no garantiza salvaguardar los intereses de igualdad y federalismo de todos los habitantes del suelo argentino.
En el año más escandaloso del accionar de la justicia argentina, donde ni siquiera investigaron a fondo el intento de magnifemicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti legalizan el acto más unitario del gobierno de Macri cuando en enero de 2016 por decreto elevó del 1,4 por ciento al 3,75 por ciento la participación que le corresponde a CABA sin explicar los motivos. Ahora la Corte obliga a que todos los argentinos paguemos por la «policía porteña» un presupuesto semejante al de todas las fuerzas federales del país.
Es hora de convocar a discutir qué tipo de justicia queremos los argentinos y las argentinas. Una justicia a favor de los intereses de las minorías o que actúe con independencia de los poderes, federal, republicana y que garantice los derechos de los 47 millones de habitantes de nuestra patria.
(1) Subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.