La abogada Mónica Frade, representante de la diputada Elisa Carrió e impulsora de la denuncia que llevó a detener a una docena de barras y ex policías que trabajaban para Enrique “Quique” Antequera, sostuvo que ese hombre fuerte de La Salada “tenía más protección política que Jorge Castillo”.
Antequera y otras 10 personas se encuentran detenidas, acusadas de formar una asociación ilícita para cobrarles a puesteros de La Salada en forma ilegal, además de manejar una agencia de seguridad trucha que – según la imputación – cobraba para permitir robar en esa zona de Ingeniero Budge.
“La Salada es un conjunto ilegal de negocios que no puede verse aisladamente. Por eso cuando detuvieron a Jorge Castillo, con la diputada Elisa Carrió presentamos una denuncia contra dirigentes políticos y funcionarios judiciales y exigimos que se activara la causa en la que estaba imputado Antequera y su grupo cercano. Ese expediente se había iniciado en 2013”, contó Frade, en diálogo con Diarioconurbano.com.
La letrada destacó la “receptividad” del procurador bonaerense Julio Conte Grand ante la presentación de Carrió. “Denunciamos al fiscal general Ferrari y al fiscal Carlos Baccini, que tenía la causa. Cuando la tomó el fiscal Sebastián Scalera, a partir de la intervención de Procuración, tuvo una mirada distinta y se pudo avanzar”, detalló.
Frade reveló que “una serie de declaraciones que se agregaron en la causa en el último mes, permitió avances que terminaron con detenciones”.
Finalmente, la letrada subrayó que “este grupo no sólo extorsionaba a feriantes sino que también torturaba a mecheras”. Los detenidos en la causa La Salada 2 se negaron a declarar y permanecen detenidos en distintas unidades penales.
Consultado sobre el tema, el fiscal General de Lomas, Enrique Ferrari, aclaró que el fiscal Scalera “quien fue colocado como uno de mis Adjuntos, lo ha sido a propuesta mía y por ende, es un directo, eficiente, probo y leal subordinado mío”
En relación a los señalado por Frade, sostuvo: “No intervengo yo, como Fiscal General Departamental, en la dirección de la causa «La Salada», ni de ninguna otra, porque la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal pone en cabeza de los Agentes Fiscales, subordinados de los pocos Fiscales Generales Departamentales de la Provincia (somos 19, 1 por cada Departamento Judicial) la conducción de las investigaciones penales preparatorias”.
En esta línea, el funcionario judicial insistió: “Si el fiscal Scalera, muy meritorio, está a cargo de dicha investigación, lo es por decisión de mi persona y no de la Procuración General, de la que ambos dependemos, ya que el Procurador General es el jefe máximo de todos los fiscales de la Provincia. Pero a nivel departamental, como sucede en Lomas de Zamora con el probo Sr. Fiscal General Adjunto y con mi persona, el Fiscal General, el encargado de fijar los lineamientos genéricos de la política criminal departamental, resulta ser el Fiscal General Departamental”
