La Justicia de Lomas de Zamora archivó una causa contra una funcionaria judicial que había sido víctima de un procedimiento irregular llevado a cabo por efectivos de la Policía Bonaerense que trabajaban en Monte Grande. La medida pone fin a un proceso judicial que se extendió por más de dos años.
La secretaria de los Tribunales de Lomas, Emiliana Casiraghi, relató su historia tras permanecer en silencio durante este tiempo. La funcionaria había sido imputada por delitos graves, pero las pruebas presentadas demostraron su inocencia. “Tuve ataques de pánico, ansiedad, y mi mamá también la pasó muy mal, tuvo picos de presión. Esta situación me costó mucha salud mental, y recién ahora respiro un poco”, contó a este medio.
El hecho que originó el conflicto ocurrió el 23 de agosto de 2022, cuando Casiraghi llamó al 911 para denunciar la presencia de personas en estado de ebriedad que provocaban disturbios en la cuadra de su casa y agredían a los vecinos. La llegada de la Policía Bonaerense, lejos de solucionar el problema, derivó en una situación adversa para la denunciante. “Los policías veían que los tipos estaban agresivos conmigo y con los vecinos, me amenazaban con romperme el auto, y uno incluso tenía espuma en la boca”, recordó Casiraghi.
Según la denuncia presentada por los efectivos, la funcionaria habría actuado de manera violenta y se le imputaron los delitos de «usurpación de autoridad», «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «coacción». Sin embargo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 de Lomas de Zamora descartó cualquier conducta inapropiada por parte de Casiraghi.
“Dos meses después me llegó una notificación para presentarme en febrero por el artículo 60, y una semana después me citaron a indagatoria. Ahí se me vino el mundo abajo, me di cuenta de lo que había hecho la Policía”, aseguró la funcionaria.
Casiraghi también denunció a los efectivos por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» ante Asuntos Internos, aunque hasta el momento no se habrían tomado medidas contra ellos. “El incumplimiento fue de ellos, pero me imputaron a mí”, sostuvo.
La funcionaria afirmó que durante el proceso sufrió amenazas y mensajes mafiosos que llegaron a su domicilio, lo que afectó gravemente a su familia. “Me ensuciaron a mí, pero no ven las consecuencias. Que hayan archivado el expediente me dejó tranquila, pero también me shockeó. Seguí trabajando, pero esto le hizo mucho daño a mi familia”, concluyó.
