A través de una medida cautelar, la Justifica Federal obligó al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires a suministrar dióxido de cloro a un paciente internado en grave estado con coronavirus COVID-19.
Esa sustancia fue rechazada por su peligrosidad por la Sociedad Argentina de Infectología y la propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Sin embargo, el Juez federal subrogante, Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N°7, hizo lugar al pedido de la familia del paciente Jorge García Rúa para suministrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones.
«La cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora», señaló el fallo judicial.
«A la luz de la documentación acompañada, no se advierte una imposibilidad de orden médica para la implementación de los tratamientos prescriptos y adecuado al caso de autos, que además es de urgente realización ya que puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento consecuente a adoptarse de manera inminente o, en su caso, salvar la vida del paciente», agregó el fallo.
La medida causó repudio en la comunidad científica en general y en los médicos del Otamendi en particular, quienes este domingo se movilizaron. «Nos manifestamos haciendo cumplir nuestro juramento hipocrático», advertían
