Después de semanas de protestas, cortes de calle, reclamos por parte de los feriantes y la gestión de la Municipalidad de Lomas de Zamora, este sábado se confirmó la reapertura de dos de las tres ferias que integran el complejo de La Salada: Urkupiña y Ocean.
Según un comunicado que subió a sus redes sociales este sábado a la tarde, el predio Urkupiña S.A. recibió la autorización judicial para volver a operar comercialmente a partir del lunes 16 de junio, en los días y horarios habituales.
“Procedimos a convocar al personal de limpieza y mantenimiento para reacondicionar las instalaciones”, informaron desde la administración y remarcaron que la reapertura fue autorizada por la fiscal interviniente con intermediación del personal municipal y de la Provincia de Buenos Aires.
El mensaje también reiteró la importancia del cumplimiento de las normativas, que fue uno de los requisitos que exigió la Justicia para autorizar la reapertura: “Recordamos el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, comerciales y la prohibición de venta de indumentaria en violación a la ley de marcas. Los esperamos a todos”.
Alrededor de las 20, fue Ocean quien comunicó a través de Instagram su reapertura después de varios días de cierre. No emitieron ningún comunicado: se limitaron a contar la noticia en una foto que lleva de leyenda «Volvemos». Al igual que Urkupiña, las puertas abrirán al público el lunes próximo, a las 7.
En ambos casos, obedece a una orden del último viernes emitida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.
LA SITUACIÓN DE PUNTA MOGOTE
Por ahora resta decidirse la situación de la feria de Punta Mogote, cuyo principal referente, Jorge Castillo, se encuentra detenido.
La decisión judicial contempla la participación de un veedor judicial, así como de representantes del Municipio de Lomas de Zamora, de la Provincia, de ARBA y de ARCA (ex AFIP), para garantizar el cumplimiento de las nuevas condiciones de funcionamiento.
Tras la resolución judicial, las sociedades tendrán 90 días para designar nuevas administraciones encargadas de regularizar la situación fiscal, llevar registros contables, realizar inventarios, analizar pasivos y reportar los movimientos económicos mensualmente.
Además, se deberán instalar sistemas bancarizados para el cobro en los predios, registrar los puestos alquilados y garantizar condiciones laborales formales para los trabajadores.
El cierre de las ferias fue ordenado en el marco de una causa que investiga evasión fiscal, asociación ilícita, lavado de dinero y violación de la ley de marcas. Entre los principales acusados figuran Jorge Castillo, Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Antequera (actualmente prófugo), a quienes se los señala como responsables de haber obtenido “ganancias millonarias informales que luego incorporaban a la economía formal”.
