Alicia Romero es una de las fundadoras de la ONG Madres Contra el Paco institución que desde hace décadas viene dando pelea para erradicar el flagelo de la droga y brindar contención a las personas que están sumergidas en la adicción. «Si la Justicia sigue dejando las zonas liberadas y no hay ningún castigo, va a ser difícil sacar a nuestros hijos de la droga. Se nos mueren los pibes. Todos saben dónde se vende y se consume», dijo.
Romero junto a Isabel Vázquez tienen un comedor comunitario en Villa Lamadrid, Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. «Desde hace muchísimos años estamos en esta lucha. Vemos con preocupación lo que pasa. Hemos estado dando pelea en varios lados, tirando bunker pero hay corrupción policial y judicial. A nosotras la Justicia no nos recibe, no da órdenes de allanamientos, no tenemos respuesta» señaló en diálogo con DiarioConurbano.com.
Para ella, nadie en el Estado es ajeno a lo que sucede con la droga. «Todos saben dónde se vende y se consume. Pero es un gran negocio, un gran lavado que afecta a los sectores más vulnerables. Los niños son usados por los transas para vender y muchas mujeres están cooptadas para la venta y fraccionado de droga», sostuvo.
«Sabes qué pasa?», preguntó Romero. «los pibes no consiguen laburo porque cuando dicen que viven acá no los toman. Se quedan sin oportunidades entonces van a la esquina a vender, a consumir», planteó.
En su derrotero las Madres contra el Paco denunciaron la adulteración de drogas y el avance de la venta y consumo desde los años 90. «Hablamos de la cocaína adulterada, del peligro, el daño que produce. Nos cansamos de hacer denuncias pero si los jueces no dan las órdenes de allanamiento, si no saben y están detrás de un escritorio impartiendo justicia sin saber lo que vive cada familia, ni lo que sucede en el barrio, entonces estamos perdidos. Porque ellos quieren agarrar 10 toneladas de cocaína o marihuana pero también hay que ir para abajo», sostuvo.
Para las Madres hay «corrupción» en la justicia y la policía. «No en toda», aclara. «Estamos esperando que la justicia actúe pero no hay justicia. La fiscalía temática de Lomas de Zamora no nos recibe, no nos escucha. Entonces ¿qué podemos esperar?», se preguntó.
Romero lamentó porque los daños de salud que sufren los consumidores «muchas veces no son irreversibles». Y denunció que «el macrismo durante su gobierno sacó una enorme cantidad de programas que perjudicaron a los sectores más vulnerables».
«El que tiene plata consume de la buena, tiene con qué rescatarse, obra social, ambulancia. Pero el pibe que no tiene recursos la pasa mal. Hoy es difícil conseguir una comunidad terapéutica que los contenga, asista y ayude», se quejó.
«Qué hacemos con el pibe que no se quiere rescatar, que tiene problemas de salud mental?», dijo Romero. «No nos ayuda la justicia, no los atienden en los hospitales y las guardias. Es complejo. Nosotros sentimos mucho dolor, angustia por esas madres que perdieron a sus hijos, a sus maridos porque muchas veces lo que falta es información, saber dónde recurrir y qué hacer», explicó.
Así como buena parte de la sociedad considera que nadie es ajeno sobre quiénes están involucrados con el negocio de la droga, Romero insiste en que «se trata de una red clandestina a la vista de todos».
«La justicia y la policía saben dónde se vende marihuana, cocaína, pastillas» dijo y alertó sobre los laboratorios. «Si hay fentanilo, ketamina y otro montón de sustancias entonces hay que investigar. Eso no se consigue a la vuelta de casa. Ahí hay un laboratorio; los precursores químicos lo manejan ellos, entonces hay que saber dónde van esas sustancias», cerró.
Mónica Galván
365
