Un grupo de vecinos denuncian que los quieren desalojar de un predio fiscal que compraron en el marco de una estafa. El lugar, ubicado en el Camino de la Ribera y el Arroyo Mugica, en Budge, iba a destinarse a una planta de bombeo pero 250 familias construyeron luego de pagarle a un hombre que se hizo pasar por el propietario.
En diálogo con DiarioConurbano.com, Nancy, una de las vecinas, manifestó: “Nosotros creímos en una persona que nos mostró los papeles de propiedad, empezamos a pagar a crédito y cuando terminamos de pagar nos enteramos de que son tierras del Estado. Invertimos nuestro dinero en la construcción de las casas y ahora nos quieren echar”.
El predio se empezó a vender en el 2014 y cada vez se sumaron más familias a la compra del terreno. Cuando comenzó la pandemia, la justicia les prohibió ingresar más materiales de construcción a los vecinos y desde Nación se realizó un censo.
En este sentido, Nancy aclaró que cuando empezaron a construir no sabían que eran tierras fiscales y aseguró que “invirtieron todos sus ahorros y dinero” en el armado de sus casas. Después de enterarse de la estafa, los vecinos armaron una comisión para hacerle frente a la amenaza de desalojo.
“No pueden destrozar las casas porque el Estado no estuvo a su debido tiempo cuando este señor estuvo en 2014 vendiendo de manera ilegal. Aparecen tarde cuando usamos todo nuestro esfuerzo para tener una vivienda. Si nos sacan estarían atentando contra el derecho a la vivienda”, aseveró la vecina.
El fin de semana último se volvió a censar a todas las familias con la presencia del juez Federico Villena y se estima que uno de los estafadores fue detenido. Si bien desde Nación les aseguraron que no se los desalojara, las familias manifestaron estar “desesperadas” y criticaron la actitud de la justicia frente a la problemática.
“El juez vino con Gendarmería y nos dijo que nos tenemos que ir, nos dicen que no vamos a perder mucho pero están edificadas nuestras casas. Nos queremos quedar en nuestras casas, no queremos empezar otra vez de cero en otro lugar. ¿A nosotros quién nos devuelve ese dinero?”, arremetió Nancy.
Una parte de la población quedó en el territorio del partido de La Matanza y la otra en Lomas de Zamora. Si bien por ahora las familias permanecerán en el predio, temen que sea definitiva la decisión del desalojo. Según trascendió, el Estado nacional aún espera que una parte del predio se destine al bombeo.
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