Un avión Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International aterrizó este jueves a las 3 de la madrugada en el aeropuerto internacional de Ezeiza con diez ciudadanos argentinos deportados desde Estados Unidos. La aeronave, contratada por el gobierno de Donald Trump para el traslado de migrantes expulsados, hizo escalas previas en Bogotá (Colombia) y Belo Horizonte (Brasil), donde descendieron otros pasajeros.
Los argentinos fueron recibidos por familiares en la terminal privada, en medio de un fuerte hermetismo oficial. El gobierno de Javier Milei no brindó información sobre el operativo ni cuestionó la medida, en línea con la política de cercanía que mantiene con la Casa Blanca.
“No somos criminales”: la voz de los deportados
Uno de los expulsados, Mario Luciano Robles, de 25 años, contó que había cruzado desde México y fue detenido en Texas hace poco más de un mes. “No somos criminales, no matamos ni violamos, solo vamos por el ‘sueño americano’”, señaló en diálogo con TN. Su esposa y su hijo permanecen en México.
Otro de los repatriados, Maximiliano García, relató que vivía en Estados Unidos desde 2001 y trabajaba con permiso legal hasta 2030. Según explicó, fue arrestado el 21 de agosto en la Oficina de Inmigración, donde buscaba ajustar su estatus a través de su hija estadounidense. Allí le informaron que pesaba sobre él una orden de deportación de 2015, de la cual nunca había sido notificado. “A los ojos de ellos somos criminales. Están partiendo familias a la mitad”, denunció. Su esposa y sus dos hijos quedaron en Florida.
La postura oficial
Consultado sobre el caso, el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, relativizó el impacto de las expulsiones: “Argentina es de los países del continente con menos casos. La lista de deportados es muy grande y el número de argentinos es infinitésimo”.
El funcionario también defendió la decisión de las autoridades estadounidenses: “Puede haber delitos de todo tipo o que tengan que ver con la emigración. Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su territorio”.
En esa línea, Oxenford afirmó que las deportaciones “son un tema de Estados Unidos, que básicamente manejan ellos”.
