Es a raíz de la falta de información oficial o reglamentación del “Plan Nacional de Seguridad en Colectivos”, que establece la instalación de cámaras y GPS en los colectivos de la zona metropolitana a poco más de una semana de su anuncio. En diálogo con Diario Conurbano.com el director general de Transito del Municipio de Almirante Brown, Daniel Raimundo, desconoció la medida: “Lo único que se es lo que leí en los diarios”, confesó y reveló que esto solo genera la paralización en la implementación de las medidas a nivel local. Por su parte, en Lomas de Zamora no se tienen en cuenta los cambios tecnológicos considerados en el Plan y por eso el concejal de Lomas de Zamora por la Unión Cívica Radical (UCR) – Cambiemos Marcelo Pellegrini denució que “se repiten año tras año los mismos pliegos, no se les modifica ni una coma”.
Según se anunció, desde agosto comenzará la colocación de cámaras de seguridad, monitoreo por GPS y comunicación directa para los choferes de mil unidades de algunas líneas de colectivos que circulan por el área metropolitana a modo de prueba, en un intento de prevenir hechos delictivos y de violencia con los choferes como objetivo de los mismos.
Pero el “Plan Nacional de Seguridad en Colectivos”, que tendría previsto su total implementación para finales de 2018, no presentó información oficial, por eso se generaron dudas acerca de su implementación y solo llevó confusión al Conurbano sur, donde los estándares son dispares en cada municipio, con algunos que ya tienen reglamentación pero no la pueden aplicar y otros ni siquiera tienen en cuenta los avances tecnológicos en materia de seguridad.
El pasado 15 de junio delincuentes intentaron robar una moto en plena calle y asesinaron con un disparo al aire al chofer Carlos Sánchez mientras conducía en Claypole una unidad de la línea 541. Ese homicidio provocó una reacción inmediata de sus colegas, quienes pararon la circulación de casi 60 líneas colectivos durante 24 horas en el área metropolitana, en un hecho que habría desencadenado la hipotética medida del que el director general de Tránsito de Almirante Brown aseguró no tener información oficial.
“Sabemos que existe o que hay un intento de reglamentación, pero a nuestro municipio, y creo que a todos, no llegó”, sostuvo Daniel Raimundo sobre las presuntas medidas a nivel nacional que resultaron una traba para las establecidas en el municipio que gobierna Mariano Cascallares al chocar en un punto fundamental: Quién costea los gastos de implementación en los 200 colectivos que recorren el distrito.
“Hicimos una prueba piloto con una cámara de seguridad instalada en un coche de la línea 501, porque es un viejo anhelo que tenemos desde que asumimos la gestión, e incluso hubo una reunión entre Gonzalo (Calvo, el secretario de Seguridad, Justicia y Agencia de Seguridad Vial municipal) y los empresarios en donde les dijimos que queríamos poner cámaras en todos los colectivos pero estábamos en la discusión sobre quien se hacía cargo de los costos”, relató el funcionario sobre los avances que ya realizaron en la materia pero que se ven frenados ante la imposibilidad de pasar por sobre legislaciones provinciales o nacionales.
“Licitamos las líneas 505, 506 y 521, y exigimos en los pliegos poner cuatro cámaras de seguridad, en comunicación con el centro de monitoreo que se está por inaugurar, y con botón antipánico”, explicó Raimundo, pero indicó que después salió el “Plan Nacional de Seguridad en Colectivos” que presenta como única diferencia de la regulación municipal, que establece a los empresarios como los encargados de costear los gastos de la instalación de los elementos de seguridad, prometía que la provincia y la nación se harían cargo de esos gastos.
Un municipio que contrasta diametralmente con Almirante Brown, donde cada pliego para la incorporación de nuevas unidades de transporte establece la obligatoriedad de la instalación de cámaras, sistemas de comunicación, GPS y botón antipánico, es Lomas de Zamora, municipio que ni siquiera consideró estas medidas de seguridad en el último llamado a licitación referente a la adjudicación del servicio de autotransporte público de pasajeros de la línea 549 otorgado por el Concejo Deliberante.
El concejal Marcelo Pellegrini fue el único que rechazó el expediente y pidió el pase a comisión para agregarle al pliego los ítems referentes a esos implementos tecnológicos, además de la inclusión de aire acondicionado y la certificación de que las empresas de transporte no poseen deudas fiscales ni están envueltas en investigaciones por desvío de subsidios.
En diálogo con éste portal, el edil señaló que la disparidad con otros municipios se da porque “se repiten año tras año los mismos pliegos, no se les modifica ni una coma”, e incluso tampoco se tiene en cuenta la evolución en transporte y vialidad que se presentaron con el correr del tiempo.
“Por supuesto que en los pliegos de 1985, cuando se aprobaron las primeras licitaciones del servicio de autotransportes de pasajeros, no existía el GPS, las cámaras de seguridad, ni distintas problemáticas que hoy tienen que ver con la comodidad y la seguridad de los pasajeros”, puntualizó el Concejal por la UCR.
A su vez remarcó que la falencia va más allá al no estimar otras cuestiones. “En el expediente al que accedí tampoco hay datos sobre la cantidad de pasajeros que se transporta o kilómetros recorridos, una serie de datos que son necesarios para aprobar un pliego de licitación”, afirmó en esa sintonía.
Por otra parte, tanto Lanús como Esteban Echeverría no brindaron su versión oficial de la situación, la cual los involucra activamente en el “Plan Nacional de Seguridad en Colectivos” luego de que las líneas 45 y 165, dos de las más usadas en la región con terminales en esos respectivos distritos, fueran incluidas en la supuesta nómina inicial.
Si bien la medida comunicada a través de los medios pero sin basamento oficial iniciaría a prueba, la misma comprendería a más de una docena de líneas de todo el área metropolitana –Capital Federal y Gran Buenos Aires– de las cuales cinco de ellas transitan el Conurbano sur.
La 10, que une Puente Pacifico con Wilde, la 45, que inicia su recorrido en Ciudad Universitaria y lo finaliza en su terminal de Remedios de Escalada, la 70, que va de Retiro a Valentin Alsina, la 101, que emprende su camino en Retiro hasta culminarlo en Ingeniero Budge y la 165, con su cabecera en el Barrio 9 de Abril de Monte Grande y que circula hasta Plaza Miserere; son las primeras líneas sureñas a las que se les instalaría el sistema de seguridad similar.
El funcionamiento del mismo correría por cuenta de los ministerios de Transporte de la Nación y porteño, el ministerio de Seguridad de la Nación y el de Justicia y Seguridad de la Ciudad; que trabajarían en conjunto para monitorear los coches en un emprendimiento que tendría un costo estimado de US$ 133 millones y el cual buscaría que a fines de 2018 se tengan colocadas y funcionando cuatro cámaras en cada uno de los 19.000 colectivos que circulan por la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Además del seguimiento por video, el sistema se completaría con un seguimiento por GPS en tiempo real y comunicación directa entre el chofer con la cabecera de la línea.
