La Red de Jueces Penales Bonaerenses manifestó su oposición a la baja de la edad de imputabilidad impulsada por el Gobierno nacional “como única herramienta” frente al delito cometido por adolescentes.
“La Red de Jueces penales considera imperioso hacer un llamado a la reflexión para que el recurso de la reforma legal, con el solo objetivo de bajar la edad de imputabilidad, no se presente frente a la sociedad como la única y mejor respuesta frente al delito cometido por jóvenes infractores a la ley, porque a ciencia cierta sabemos positivamente que esa no es la solución”, expresaron los magistrados en un documento que dieron a conocer.
Y añadieron: “Como contrapartida, nos preguntamos si no sería mejor presentar a la sociedad concretas políticas públicas de Infancia y Adolescencia, a los fines de abordar ciertas conflictividades sociales que involucran a los jóvenes”.
En tanto, los jueces se preguntaron: “¿cuál es el programa alimentario que existe desde el Estado para satisfacer las necesidades más elementales de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Cuáles son los índices de deserción escolar y cuáles son las medidas propuestas para promover su inserción en el sistema escolar? ¿Cuáles son las políticas de salud tendientes a tratar de manera efectiva las situaciones de consumo problemático de sustancias tóxicas en los niños y jóvenes? ¿Existen suficientes comunidades terapéuticas para afrontar esta creciente problemática? ¿Cuáles son los programas de acompañamiento terapéutico desplegados de manera continua y efectiva a través de los Servicios Locales o Zonales de Promoción y de Protección de Derechos que permitan garantizar la escucha de los niños, niñas y adolescentes?”.
En esta línea, destacaron que “esas son solo algunas de las cuestiones que de manera prioritaria deberían estudiarse, para poder justificar -en última instancia- la intervención del sistema penal que de manera especial, tomará parte frente a un conflicto social ya ocurrido, y que bajo los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 72 n° 22, Const. Nac.), sólo se podrá desarrollar con fines resocializadores y educativos, más nunca desde una perspectiva puramente retributiva, como parece proponerse en los espasmódicos impulsos de reforma legal”.
“Abordar un tema tan delicado como es la reducción de la edad de punibilidad con relación a personas vulnerables, quienes por su inmadurez todavía están en plena etapa de crecimiento y evolución personal, no puede realizarse de manera simplista, sin tener en cuenta la necesidad de contar con una legislación racional que sea el producto de una política pública integral, capaz de dirimir los casos de delincuencia juvenil, con enfoque de derechos, conforme prevé la Convención sobre los Derechos del Niño”, subrayaron.
Y finalizaron: “La Red de Jueces Penales Bonaerenses creemos que –para afrontar con eficacia, sin desmedro de garantías, el acuciante problema de la inseguridad–, no debe invertirse el orden de los factores. La ampliación de los ámbitos de punibilidad, con relación a las y los jóvenes, no debería concebirse como la primera y principal decisión política en la materia. No existen caminos cortos para responder verdaderamente a las sentidas demandas ciudadanas de paz social. En lo que hace a los derechos de los niños, niñas y adolescentes no hay posibilidad de tener un doble estándar: el recurso a la pena juvenil solo debe ser la respuesta mínima y subsidiaria a una sólida y verdadera política de promoción y protección integral de derechos. Este debería ser el desafío de nuestros representantes y dirigentes políticos. De lo contrario flaco favor haremos en homenajear el aniversario democrático, restringiendo o limitando inadecuadamente los ámbitos de libertad de las personas que, ciertamente, son las más desprotegidas y postergadas de nuestra comunidad”.
