El 10 de enero de 2001 fue un día de intenso calor en el sur del Conurbano bonaerense. Marcelina Meneses, una mujer boliviana de 31 años, madre de dos hijos y vecina de Ezpeleta, salió de su casa con su bebé de 10 meses para ir al médico. Nunca regresaron. Ambos murieron tras ser arrojados de una formación ferroviaria y, a un cuarto de siglo del hecho, el caso continúa impune.
Marcelina había llegado a la Argentina a fines de los años 90. Trabajaba como cajera en un supermercado, sin registrar y sin obra social. La mañana del crimen decidió atenderse por un cuadro alérgico severo y se dirigía al Hospital Finochietto. Abordó el tren cerca de las 9.05 en la estación de Ezpeleta, viajando de pie, con su hijo atado a la espalda y varios bolsos.
Al aproximarse a la estación Darío y Maxi —ex Avellaneda—, en la curva previa al estadio de Independiente, intentó acomodarse para descender. En ese momento, uno de sus bolsos rozó a un hombre mayor, quien reaccionó con insultos de tono xenófobo. Según el testimonio de un pasajero, la discusión escaló con la intervención de otros viajeros y de un guardia de la formación. En medio del tumulto, Marcelina y su bebé fueron empujados del tren.
Tras detenerse la formación, un testigo descendió y caminó hacia atrás unos cien metros, donde encontró los cuerpos de Marcelina Meneses y de su hijo Joshua. Bomberos y personal policial arribaron al lugar, aunque, de acuerdo al relato, el auxilio se demoró. El testigo intentó aportar su versión a un efectivo de la Policía Federal, pero no le tomaron declaración en ese momento.
La noticia llegó a la familia horas después, cuando un llamado informó que una mujer había sido arrojada del tren. La investigación judicial no logró avanzar: las formaciones no contaban con cámaras de seguridad, las puertas eran manuales y no existieron registros que permitieran identificar a los responsables. No hubo imputados ni condenas y, con el paso del tiempo, la causa prescribió.
La estación de Avellaneda fue intervenida años después con murales y banderas en memoria de Marcelina. Su familia denunció la falta de acompañamiento institucional y sostuvo que la condición de migrante de la víctima atravesó todo el proceso. El impacto del crimen también fue devastador a nivel familiar: su hijo mayor, Jonathan, que tenía seis años al momento del hecho, sufrió graves secuelas psicológicas y de salud, y falleció hace dos años, a los 30.
Con el tiempo, el dolor dio lugar a la organización comunitaria. En Ezpeleta se creó el Centro Integral de Mujeres Migrantes “Marcelina Meneses”, que funciona en la casa donde ella vivía. El espacio brinda contención, asesoramiento y capacitación a mujeres migrantes, y desarrolla actividades de concientización sobre discriminación y xenofobia. Se sostiene mediante trabajo autogestivo y donaciones.
En 2012, a partir de este caso, la Legislatura bonaerense declaró el 10 de enero como el Día de la Mujer Migrante, con el objetivo de mantener viva la memoria y visibilizar las violencias que atraviesan a las mujeres migrantes.
A 25 años del crimen, la herida permanece abierta. La causa está cerrada y no hay certezas sobre una eventual reapertura. La historia de Marcelina Meneses continúa siendo un símbolo de reclamo por justicia y de lucha contra la discriminación.
