El ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei sigue teniendo en el sector previsional uno de sus principales pilares, pero a un costo social alarmante. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los haberes jubilatorios registraron una pérdida real del 27,4% desde el cambio de la fórmula de movilidad aplicado a finales de 2023.
El estudio advierte que la implementación del DNU 274/2024, que ató las subas exclusivamente a la inflación, impidió que los jubilados participaran de la recuperación de la recaudación y los salarios, licuando sus ingresos para sostener el superávit financiero.
La diferencia mensual: casi $100.000 menos
El informe pone cifras concretas a la brecha entre la fórmula actual y la derogada (Ley 27.609):
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Haber mínimo real (Diciembre 2025): $340.886 (sin bono).
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Haber proyectado (Fórmula anterior): $434.279.
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La pérdida: Cada jubilado de la mínima dejó de percibir $93.393 por mes.
El «bono congelado»: la trampa de la mínima
Uno de los puntos más críticos señalados por CEPA es el congelamiento del bono de refuerzo en $70.000 desde marzo de 2024. Mientras los haberes básicos subieron un 154% por inflación, quienes cobran con bono solo percibieron un aumento del 101%.
Dato clave: Para no perder poder de compra, el bono debería haber escalado hasta los $177.485. Al quedar estancado, el Gobierno aplicó un recorte indirecto de $107.000 mensuales sobre los sectores más vulnerables.
El fin de la moratoria: un futuro sin jubilación
El panorama se agrava con la finalización de la moratoria previsional prevista para marzo de 2025. El estudio advierte que, sin esta herramienta, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse no podrán acceder al beneficio por falta de aportes, quedando relegados a la PUAM, que solo paga el 80% de una mínima ya devaluada.