La estrategia del acusado de una de las mayores masacres recientes del Conurbano pasó de la fuga a la queja judicial. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el presunto cerebro y ejecutor detrás del triple crimen de Florencio Varela que conmovió al país, denunció a través de su defensa estar sufriendo «condiciones inhumanas de encierro» y «tortura psicológica» en la cárcel federal de Marcos Paz.
Arrestado en Perú tras una cinematográfica fuga de diez días que obligó a activar las alertas rojas de Interpol, «Pequeño J» se encuentra alojado bajo un riguroso régimen de aislamiento solitario en una celda individual. Para su abogado, Lucas Contreras Alderete, este encierro sin contacto humano excede el límite de la pena e interpuso un hábeas corpus exigiendo su inmediata libertad, un traslado de penal o, en su defecto, el beneficio de hacer videollamadas con su madre y su hermana —quienes residen en Perú— al menos dos veces por semana.
Una masacre sin piedad y un embargo histórico
A pesar del intento de la defensa de suavizar la imagen del detenido, la acusación que pesa sobre los hombros de Valverde Victoriano es atroz. El juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, lo procesó bajo la carátula de «homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género».
Las víctimas de la balacera fueron Lara Morena Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), tres jóvenes acribilladas en una vivienda de Varela. Además de la prisión preventiva, la Justicia le trabó a «Pequeño J» un embargo histórico y ejemplar de mil millones de pesos.
La contraofensiva de la defensa: «Falta de pruebas»
A la par del reclamo por los derechos carcelarios de Valverde, Contreras Alderete apeló formalmente el procesamiento ante la Cámara Federal. El letrado argumentó que la resolución judicial es «genérica y precaria» debido a que no detalla con precisión científica cuál fue el rol exacto, la acción material o el minuto a minuto de la participación de «Pequeño J» en la matanza.
Según la óptica de la defensa, la causa se sostiene únicamente en base a testimonios barriales «contradictorios» y carece de registros materiales, sábanas de llamados telefónicos o geolocalizaciones que ubiquen de manera indubitable al acusado en la escena del crimen.
Mientras las tres familias de Florencio Varela continúan deshechas y exigiendo la pena máxima para los responsables, la Cámara deberá resolver si mantiene al peligroso imputado bajo la estricta vigilancia de Marcos Paz o si cede ante el insólito reclamo de comunicación virtual de quien, para la Justicia, no tuvo piedad con tres adolescentes del Conurbano.
