A casi una semana de la trágica explosión de una tubería de gas en Remedios de Escalada que ya se cobró dos vidas, ambos operarios de la empresa Metrogas (controlada por el grupo Vila – Manzano), Alejandro Pérez uno de los damnificados y residentes en la zona cero del lugar de los hechos, apuntó contra la empresa prestadora de gas y relató el clima de incertidumbre y preocupación que se vive entre los vecinos de la zona. “No hay confiabilidad en esta empresa, surgió una psicosis colectiva después de esto, ¿Qué confianza se puede tener en Metrogas ahora?”, expresó.
En diálogo con DiarioConurbano.com.ar, Pérez describió las dificultades que atraviesan quienes viven en las inmediaciones de la denominada zona cero. Según explicó, el sector continúa restringido y varias familias permanecen evacuadas debido al riesgo de derrumbe que presentan las construcciones afectadas.
«En la zona cero, todavía está restringido el acceso. No podemos entrar en nuestras casas por el derrumbe que empezó a producirse», señaló. Además, Pérez contó que con autorización de la Fiscalía, la Municipalidad comenzó a avanzar con las demoliciones de los sectores comprometidos, entre ellos una fiambrería, una granja, y un local de ropa.
«Son cuatro o cinco vecinos que se quedaron sin nada», lamentó Pérez, quien también explicó que quienes viven frente a las construcciones afectadas y algunos comerciantes continúan sin poder ingresar a sus propiedades. Mientras tanto, en las calles aledañas comenzó a restablecerse el suministro eléctrico y algunos negocios de la calle Beltrán comenzaron a retomar su actividad de manera paulatina.
No obstante, el reclamo de los vecinos tiene un destinatario central: Metrogas. Pérez fue especialmente duro al describir el comportamiento de la empresa antes de la explosión y cuestionó la ausencia de respuestas posteriores.
«Los trabajadores estaban peleando con los directivos, diciendo que había que irse, que eso iba a estallar y que la situación los superaba», recordó. Y agregó una de las acusaciones más graves: «Queda muy clara la negligencia de Metrogas. Dejaron tirados a sus obreros».
Para Pérez, la responsabilidad de la empresa no termina en lo sucedido aquella jornada. También cuestionó que, después de la explosión, no haya existido una respuesta institucional acorde con la gravedad del episodio. «No hay ninguna vocación de hacerse cargo ni de dar la cara por los laburantes ni por los vecinos», sostuvo.
En ese sentido, consideró importante la denuncia del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y las observaciones realizadas por gasistas sobre las condiciones técnicas en las que se habrían desarrollado los trabajos. Según explicó el vecino residente de la zona cero, hubo apuro falta de certificaciones y ausencia de protocolos a la hora de realizar los trabajos correspondientes.
Pero el cuestionamiento de Pérez no se limitó a Metrogas. También puso sobre la mesa una discusión más amplia acerca de la planificación urbana, los organismos de control y las responsabilidades de los distintos gobiernos. En particular, señaló que el caño de gas no figuraba en los planos, una situación que, de haberse detectado, habría permitido realizar los trabajos de otra manera y evitar el uso de una tunelera.
«En un país donde se abandona la planificación, los organismos de contralor y la intervención de los vecinos, entonces uno diría que el Estado es responsable», reflexionó. En esa línea, también cuestionó la complicidad histórica de distintos espacios políticos y sostuvo que los partidos que gobernaron durante estos años tienen responsabilidades en la falta de planificación.
Sobre el accionar municipal, reconoció que la respuesta inicial fue rápida y que hubo acompañamiento a los damnificados. Destacó la instalación de una carpa y el compromiso de convocar a los vecinos para avanzar con acciones judiciales contra la empresa. No obstante, advirtió que la capacidad de respuesta de un gobierno local es limitada frente al poder de las grandes compañías.

