El secretario general de la Asociación Argentina de Propietarios de Camiones (AAPC), Fernando Espósito, se refirió al conflicto que motivó la movilización de transportistas en Avellaneda, en reclamo por las multas millonarias recibidas por los trabajadores y choferes de las unidades por infracciones en la red de tránsito pesado donde el directivo de AAPC reclamó por la falta de señalización y cambios no indicados en la traza de la misma. «La ley tiene que cumplirse de ambos lados», expresó.
Con cerca de 200 camiones que se concentraron frente al tribunal de faltas local, el malestar de los transportistas alcanzó un nuevo punto de tensión, en el marco de un conflicto que tras la realización de la protesta el pasado lunes, permanece abierto y sin respuesta oficial de las autoridades.
«La gente cuando no tiene respuesta decide actuar», expresó Espósito a DiarioConurbano.com.ar, y detalló que los montos de las infracciones, (a los cuales definió como «confiscatorios») superan en varios casos los 9 millones de pesos, una cifra imposible de costear por los transportistas cuya herramienta principal de trabajo es el camión.
De acuerdo a lo indicado por el integrante de la Comisión Directiva de AAPC estas actas han sido labradas en lugares que no están señalizados y sin la debida información correspondiente sobre las calles habilitadas para la circulación del tránsito pesado. Cabe mencionar que una de las últimas modificaciones realizadas sobre la misma es la que figura en el Decreto Nº4356/2026, donde se añaden cuatro arterias a la excepción de circulación de tránsito pesado en la comuna.
«La ley se tiene que cumplir de ambas partes. Si no tenés la red señalizada, el que no conoce cae en una trampa y después te ponen multas con valores irrisorios y que no se pueden pagar», afirmó Espósito.
El directivo de AAPC hizo énfasis en la «desproporción» entre el coste de la infracción y la falta cometida que ponen contra las cuerdas a los trabajadores que en muchos casos se desempeñan como cuentapropistas que ingresan y egresan del Puerto de Dock Sud, en Avellaneda, la principal terminal de contenedores de la Provincia de Buenos Aires.
«Hay choferes a los que le llegan tres millones de pesos en multa ¿Cómo hacen después para comer? ¿Cómo paga eso? los valores de la multa son confiscatorios, la misma infracción en la Ciudad de Buenos Aires, donde la red de tránsito pesado funciona hace mil años, se paga casi el 10% del valor que cobran acá. Es una locura», aseveró.
Aunque Espósito reconoció que el Municipio recibió en ocasiones anteriores a los transportistas y escuchó sus planteos y sus demandas, cuestionó la falta de respuestas a las mismas que, de acuerdo a su planteo, desembocaron en la furia de los conductores que hicieron sentir su malestar con la protesta frente al Juzgado de Faltas.
«La gente ya está desesperada, ¿Cómo no van a salir si le llegan esos valores de una multa por un lugar que ni siquiera está señalizado?», sostuvo y agregó: «Si esto no se resuelve la gente va a quedarse. Necesitamos una solución completa, no a medias».
Con cerca de 500 a 600 unidades que operan de manera diaria en la terminal portuaria de Exolgan en Dock Sud, el conflicto promete mantenerse latente, no sólo por la falta de una solución inmediata al mismo, sino por el escenario a futuro dado que se espera que el año próximo culminen las obras de ampliación del puerto, estimadas en USD 143 millones, que prometen ampliar su capacidad operativa y de la mano con ello, la cantidad de tránsito pesado que entra y sale del corazón productivo del distrito.
«Si esto se desarrolla como está previsto…¿Por dónde van a querer que circulemos?¿Por el agua?», ironizó Espósito y remató: «Si la situación no se resuelve va a terminar por afectar la expansión del puerto».
