El Gobierno nacional dispuso la remoción de Marta Elena Castañón, encargada titular de dos registros seccionales de la Propiedad del Automotor en Lomas de Zamora, luego de comprobarse en un sumario administrativo que incumplió de manera reiterada la obligación legal de depositar en favor del Estado nacional los remanentes de recaudación.
La sanción fue oficializada mediante la Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, cartera que conduce Juan Bautista Mahiques, fechada el 12 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial. Castañón estaba a cargo del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N.º 5 y del Registro con competencia exclusiva en Motovehículos Letra A del mismo distrito.
Ocho períodos impagos y un perjuicio millonario
De acuerdo con la resolución ministerial —que cerró el sumario iniciado en agosto de 2025—, la funcionaria omitió girar íntegra y oportunamente los remanentes correspondientes a las liquidaciones de emolumentos comprendidas entre julio de 2024 y el 17 de febrero de 2025.
La Instrucción determinó un perjuicio original de $73.566.460,66 en concepto de capital, cifra que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó al 15 de septiembre de 2026 en $117.246.510,53, monto al que deberán sumarse los intereses hasta el momento del efectivo cobro.
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| DETALLE DE LOS SALDOS RETENIDOS POR PERÍODO |
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| • Julio de 2024: $10.365.253,33 |
| • Agosto de 2024: $18.994.258,14 |
| • Septiembre de 2024: $10.000.000,00 |
| • Octubre de 2024: $7.539.315,27 |
| • Noviembre de 2024: $7.349.674,10 |
| • Diciembre de 2024: $8.459.372,65 |
| • Enero de 2025: $10.000.000,00 |
| • Febrero de 2025 (1° al 17): $858.587,17 |
| • Capital histórico total: $73.566.460,66 ($117.246.510,53 actualizado) |
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El rechazo al descargo y la causa penal en Lomas de Zamora
Durante el trámite administrativo, Castañón alegó que no existió apropiación ni desvío de fondos, sino una imposibilidad financiera derivada del desfinanciamiento operativo de la dependencia, sosteniendo que «no existe el remanente» y reclamando un supuesto trato desigual frente a otras seccionales.
El Ministerio de Justicia desestimó de plano esos argumentos al remarcar que la normativa vigente fija con precisión qué porcentaje corresponde al encargado y cuál pertenece al Estado, aclarando que el riesgo económico propio de la gestión no habilita a retener fondos públicos. Asimismo, precisó que sobre un universo de aproximadamente 1.400 registros en todo el país, apenas 14 presentaban deudas al momento de los hechos (10 de ellos ya sumariados).
Además de declarar la responsabilidad disciplinaria, aplicar la remoción e instruir el inicio de acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero —pudiendo la sancionada interponer recursos de reconsideración o jerárquico dentro de los plazos legales—, el expediente dejó constancia de que los hechos ya son investigados en sede penal bajo la causa FLP 3431/2025, caratulada «NN s/ defraudación», que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, Secretaría Penal N.º 6.

