El debate por la protección de las infancias y las víctimas de violencia de género vuelve a exigir respuestas urgentes. En los últimos días, organizaciones sociales de todo el país volvieron a alzar la voz para reclamar la sanción de la «Ley Joaquín», un proyecto que busca tipificar y penalizar la violencia vicaria: aquella en la que el agresor busca destruir psicológicamente a una mujer dañando a sus seres queridos, especialmente a sus hijos.
Según consignó una nota en NA, el reclamo cobró nueva fuerza al cumplirse el primer aniversario del atroz crimen de Joaquín Ruffo, un nene de apenas ocho años que fue asesinado por su padre, Alejandro Ruffo. El femicida, que meses después se suicidó en la cárcel, había confesado que mató a su propio hijo con un único objetivo: «Mandarle un mensaje a la mamá», luego de que ella decidiera pedirle el divorcio.
Bajo la consigna de visibilizar a las «madres desesperadas» y a los «niños separados de sus figuras de apego», el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria Argentina encabeza las movilizaciones para que la problemática deje de ser tratada como un simple «conflicto entre adultos» en los juzgados de familia.
«Creíamos que eran casos aislados, pero los mensajes siguieron llegando desde cada rincón del país. Detrás de cada punto del mapa hay una historia real. La violencia vicaria existe, sus consecuencias son reales y el tiempo de la infancia no espera», advirtieron desde la organización.
Números que alarman y un debate trabado en el Congreso
Si bien la violencia vicaria no cuenta aún con un marco legal propio en el Código Penal argentino, las estadísticas oficiales reflejan el inmenso peligro al que están expuestos los menores.
Según los últimos datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia, durante 2025 se registraron 4.207 situaciones de violencia que afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes. El dato más estremecedor es que, en el 81% de esos casos, el agresor denunciado tenía un vínculo filial directo con la víctima.
Actualmente, los proyectos para tipificar la violencia vicaria y establecer herramientas concretas de protección se encuentran estancados en el debate de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.
Para las organizaciones, nombrar el problema es el primer paso para erradicarlo. «No todas las violencias son iguales. Reconocer sus características permite prevenirlas, atender a las víctimas y actuar de manera oportuna. Así como un diagnóstico correcto puede salvar una vida, identificar correctamente una forma de violencia puede cambiar una historia», concluyeron, a la espera de que el Congreso escuche el reclamo.
