El Comité Permanente de Seguimiento Interinstitucional del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús realizó una reunión plenaria ante autoridades de la Suprema Corte bonaerense en la que expuso el trabajo articulado que viene realizando.
Se trata de una experiencia que busca transformar la respuesta judicial a través del trabajo conjunto entre organismos, la prevención de las violencias y la construcción de alternativas al encierro.
El Comité Permanente de Seguimiento Interinstitucional del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús está compuestos por distintos organismos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, en articulación organizaciones intermedias, la Iglesia y universidades.
La reunión plenaria se desarrolló en la sede de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Avellaneda-Lanús. Estuvo encabezada por su presidente, el juez Gabriel Vitale, y contó con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Corte bonaerense, Leandro Gáspari.
También participaron los otros dos jueces integrantes de la Cámara Penal, Fernando Benítez y Luciano Noli; por la Fiscalía General, Guillermo Castro y Martin Rodríguez; por la Defensoría General, Gilda Maltas y Diego Lavagnino; y por el Patronato de Liberados, el director de la Región VI, Nicolas Carignano.
En tanto, por el Programa Responsabilidad Penal Juvenil de la UNLa tomó parte de la reunión Florencia Beltrame; por la Cruz Roja Argentina, Veronica Ottaviano, representante Filial Lanus; y por el Ministerio de Salud bonaerense, la directora asociada de la Región Sanitaria VI, Melina Esposito.
Además, en representación de la Defensoría del Pueblo bonaerense-sede Avellaneda, se hicieron presentes Concepción Sdrubolini y Sabrina Crispín, y por el Obispado de Avellaneda-Lanús, lo hizo el Padre Juan Manuel Rega. Es destacar que en el Comité participan áreas de los Municipios de Avellaneda y de Lanús.
El Comité nació en el marco de las obligaciones de seguimiento y control de las condiciones de detención, pero fue ampliando su horizonte. Hoy reúne a representantes de distintos ámbitos judiciales y del Ministerio Público: la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, la Fiscalía General, la Defensoría General y la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial.
Esta integración expresa una idea fundamental: los problemas sociales no se presentan ordenados por competencias judiciales. La violencia familiar, las dificultades de salud mental, los consumos problemáticos, la vulnerabilidad económica y las situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes suelen atravesar distintos fueros y organismos. Cuando cada institución actúa por separado, las respuestas pueden resultar tardías, fragmentadas o insuficientes.
Por eso, uno de los principales desafíos consiste en construir una forma de gestión basada en el trabajo interinstitucional. Que las instituciones puedan encontrarse, compartir información dentro de sus competencias, coordinar intervenciones y evitar que las personas queden atrapadas entre organismos que no logran comunicarse.
“Durante mucho tiempo, cuando se habla de justicia, la imagen que aparece es la de un tribunal, un expediente y una sentencia. Es comprensible: juzgar es una de las funciones centrales del Poder Judicial. Pero hay una pregunta que hoy resulta imposible dejar de lado: ¿alcanza con intervenir cuando el conflicto ya ocurrió?”, expresó Gabriel Vitale, uno de los impulsores del espacio interinstitucional
Y agregó: “La experiencia del Comité Permanente de Seguimiento Interinstitucional del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús propone una respuesta diferente. No se trata de reemplazar la función de los jueces ni de debilitar la responsabilidad de quienes cometen delitos. Se trata de comprender que muchos conflictos que llegan a los tribunales tienen causas y consecuencias que exceden ampliamente el expediente judicial. Y que, para abordarlos, hace falta algo más que una decisión aislada: se necesita coordinación, presencia institucional y trabajo comunitario”.
CONDICIONES DE DETENCIÓN
Una de las tareas del Comité es realizar visitas institucionales y observar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad. Durante el primer semestre de 2026 se relevaron dependencias policiales de Avellaneda y Lanús. El diagnóstico permitió identificar realidades diferentes: establecimientos con niveles de ocupación por debajo de su capacidad y otros con situaciones que requieren atención, junto con deficiencias edilicias en distintas dependencias.
Estos relevamientos no son un trámite administrativo. Permiten conocer las condiciones concretas en las que el Estado mantiene a personas detenidas y reclamar las intervenciones necesarias. La privación de libertad no suspende los derechos fundamentales ni libera al Estado de su obligación de garantizar condiciones dignas.
“Pero el trabajo no termina allí. También es necesario preguntarse qué ocurre antes de que una persona ingrese al sistema penal y qué posibilidades existen cuando recupera la libertad. Una política de justicia que solo mira el momento del encierro deja afuera una parte decisiva del problema”, sostuvo el presidente de la Cámara de Apelaciones de Avellaneda-Lanús.
PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
La violencia por razones de género y los conflictos familiares exigen respuestas que protejan a las víctimas y, al mismo tiempo, permitan intervenir sobre las conductas que reproducen la violencia.
En esa dirección, el Comité impulsó la Resolución 3/26, que promueve, en determinados procesos penales de menor gravedad vinculados con situaciones de violencia familiar o de género, la derivación de las personas imputadas a espacios de reflexión y trabajo sobre masculinidades, cuando las circunstancias del caso lo permitan.
La propuesta no supone minimizar la violencia ni trasladar a las víctimas la responsabilidad de resolver el conflicto. Por el contrario, busca complementar las medidas de protección y acompañamiento con intervenciones dirigidas a cuestionar los comportamientos violentos y evitar su repetición.
Para ello se trabaja con dispositivos municipales, organismos provinciales y organizaciones de la sociedad civil. La articulación con esos espacios permite ampliar las herramientas disponibles y reconocer que la prevención de las violencias necesita continuidad y compromiso institucional.
SALUD MENTAL
Otro de los problemas que con frecuencia atraviesa las causas judiciales es la salud mental. Muchas situaciones requieren respuestas sanitarias y sociales que no pueden ser resueltas exclusivamente desde el sistema de justicia.
La Resolución 4/26 impulsó la creación de mesas de entrada específicas para abordar situaciones vinculadas con la salud mental en Avellaneda y Lanús, en aquellos casos en los que existen actuaciones penales o familiares en trámite.
El objetivo es facilitar la articulación entre los organismos judiciales y los servicios de salud, evitando que las personas y sus familias deban recorrer distintas instituciones sin encontrar una respuesta coordinada.
“La iniciativa contempla, además, la elaboración de un directorio de recursos que incluye dispositivos de salud mental, atención de consumos problemáticos y asistencia frente a situaciones vinculadas con el juego compulsivo. La idea es sencilla, aunque su implementación exige un esfuerzo considerable: que una persona que necesita atención no quede reducida a la condición de imputada, víctima o parte de un expediente. Antes que nada, hay una situación humana que requiere una respuesta adecuada”, detalló el magistrado, quien expuso en el encuentro el trabajo del Comité.
JÓVENES: RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN
Uno de los proyectos más importantes se desarrolla junto con la Universidad Nacional de Lanús, a través del programa “Jóvenes y Prácticas Restaurativas”, con la participación del Instituto de Justicia y Derechos Humanos.
El punto de partida es que la intervención frente a los delitos cometidos por adolescentes no debería agotarse en la aplicación de una consecuencia penal. También debe preguntarse qué ocurrió, qué daño se produjo, qué responsabilidad corresponde asumir y qué condiciones pueden favorecer que ese hecho no vuelva a repetirse.
La justicia restaurativa propone trabajar sobre la responsabilidad, la participación, la reparación del daño y la inclusión social. No significa impunidad ni ausencia de consecuencias. Significa comprender que la respuesta frente a una conducta dañosa puede y debe incorporar herramientas que permitan reconstruir vínculos, asumir responsabilidades y generar nuevas oportunidades.
El proyecto contempla el trabajo con jóvenes que se encuentran en libertad y también con quienes están privados de ella. Incluye la participación de las familias, las escuelas, los organismos públicos y las organizaciones comunitarias. También busca construir planes de continuidad para los momentos de egreso, cuando resulta especialmente importante evitar que la persona vuelva a quedar sin referencias institucionales.
EDUCACIÓN Y TRABAJO
Los datos relevados por el Patronato de Liberados aportan una dimensión concreta a este debate: el 71 por ciento de las personas de entre 18 y 25 años que pasaron por el sistema penal y residen en Avellaneda o Lanús no había terminado la escuela secundaria.
El dato es significativo porque muestra que la discusión sobre seguridad y justicia no puede separarse de las oportunidades educativas y laborales. La falta de escolaridad no explica por sí sola la comisión de un delito, pero constituye una condición de vulnerabilidad que limita las posibilidades de inclusión.
Frente a esta realidad, se trabaja en la articulación con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, el Patronato de Liberados, establecimientos educativos, programas de terminalidad secundaria, formación profesional, universidades, cooperativas y organizaciones sociales.
La educación y la capacitación laboral no deben ser entendidas como beneficios secundarios. Son herramientas concretas para construir autonomía, recuperar proyectos personales y ampliar las posibilidades de integración social.
En determinados casos, además, la formación educativa y laboral puede formar parte de las reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal. Pero su sentido no debería reducirse al cumplimiento formal de una obligación: lo importante es que exista una oportunidad real de aprendizaje y continuidad.
LA JUSTICIA, CONSTRUCCIÓN ARTICULADA
El trabajo del Comité también se extendió a organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos. El acuerdo con la Cruz Roja Argentina, filial Lanús, permitió avanzar en actividades vinculadas con masculinidades, prevención de las violencias, salud mental, consumos problemáticos y capacitación en oficios.
También se desarrollaron líneas de cooperación con el Obispado de Avellaneda-Lanús, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y organizaciones comprometidas con la accesibilidad, como Avellaneda Sin Barreras.
Estas iniciativas expresan una convicción: la justicia no puede construir respuestas duraderas si permanece encerrada en sus propias instituciones. Necesita dialogar con quienes trabajan cotidianamente en el territorio, conocen las necesidades de la comunidad y pueden contribuir a sostener procesos de acompañamiento e inclusión.
UN NUEVO PACTO SOCIAL
“La experiencia de Avellaneda y Lanús no pretende ofrecer soluciones mágicas ni afirmar que el trabajo interinstitucional puede resolver por sí solo problemas estructurales. Tampoco desconoce que existen hechos que requieren una respuesta penal firme y oportuna. Lo que plantea es algo distinto: que la respuesta del Estado no puede agotarse en el castigo. Que la prevención, la protección de las víctimas, la atención de la salud mental, la educación, el trabajo y la reparación del daño también forman parte de una política de justicia”, planteó el juez Vitale.
El desafío es construir instituciones capaces de actuar antes, durante y después del conflicto. Instituciones que no se superpongan ni se desentiendan de los problemas, sino que asuman responsabilidades compartidas y trabajen de manera coordinada.
“En definitiva, una justicia más cercana no es una justicia menos rigurosa. Es una justicia que comprende mejor la complejidad de los conflictos y que, además de juzgar cuando corresponde, se compromete con la posibilidad de evitar nuevas violencias. Porque una sociedad no se vuelve más segura solamente cuando aumenta su capacidad de castigar. También se vuelve más segura cuando consigue prevenir, reparar, incluir y ofrecer oportunidades. La justicia del futuro necesita seguir juzgando cuando corresponde, pero también aprender a prevenir, acompañar, reparar y construir comunidad”, finalizó el presidente de la Cámara Penal de Avellaneda-Lanús.
