El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora solicitó al Gobierno provincial que “adopte y extreme las medidas pertinentes para la adecuada regulación, control y, en su caso, retiro de los dispositivos de telefonía celular en los establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense”.
Lo hizo al condenar a un hombre por asesinar a dos personas que fueron engañadas con ventas de vehículos en redes sociales. La operatoria comenzaba con falsas cuentas creadas con celulares desde unidades penales, se concertaba una cita para la transacción y allí, otros delincuentes interceptaban a las víctimas para robarle el dinero que llevaban.
En el fallo al que tuvo acceso DiarioConurbano.com.ar, los jueces lomenses fundamentaron el pedido de prohibición del uso de celulares en cárceles a que han cesado “las circunstancias excepcionales que motivaron su autorización durante la emergencia sanitaria por COVID-19”, y que debe efectivizarse “con el objetivo de prevenir la reiteración de hechos delictivos de la gravedad y modalidad de los aquí juzgados”.
“La Ley Provincial N.º 12.256 de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires establece que el régimen penitenciario debe orientarse al mantenimiento del orden, la seguridad y la disciplina en los establecimientos carcelarios, imponiendo a la autoridad de aplicación el deber de adoptar las medidas necesarias para impedir que el encierro sea utilizado como plataforma para la continuidad o proyección de actividades delictivas”, añadió el TOC 4 en su fallo.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas está integrado por los jueces Sebastián De Césare, Darío Segundo y Federico Carrillo.
En esa línea, los magistrados consideraron que la permanencia de celulares en cárceles “sin una regulación estricta y control efectivo desnaturaliza el carácter excepcional de la medida, y —como se verifica en la presente causa y en tanto otros hechos de conocimiento público— facilita la conformación y funcionamiento de organizaciones criminales que operan intramuros y proyectan su accionar hacia el medio libre, con grave afectación a la seguridad pública”.
Por otra parte, en los alegatos del mismo juicio, el fiscal de Lomas de Zamora Hugo Carrión había planteado que “las personas privadas de su libertad se dedican en su tiempo libre a utilizar medios electrónicos para generar contenido y luego en el menor de los casos, estafar a las personas, o en el peor de los casos, estos luctuosos antecedentes”.
El pedido del TOC 4 de Lomas al Gobierno bonaerense se da un contexto de crecimiento de delitos cometidos por bandas integradas por personas privadas de la libertad que utilizan celulares en alguna de las acciones ligadas al robo o crimen en cuestión.
