La tensión entre los municipios y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo que podría terminar en la Justicia. Intendentes de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), analizan denunciar penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto delito de malversación de caudales públicos.
El conflicto central radica en la retención indebida de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles, un dinero que por ley debería destinarse exclusivamente a la infraestructura vial y de transporte en los distritos, pero que no está llegando a las comunas.
El origen del reclamo
Tras presentar un documento formal ante el Ministerio de Economía y no recibir respuestas, la FAM —que agrupa a más de 500 jefes comunales y es encabezada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza— comenzó a delinear una estrategia judicial con sus asesores letrados.
El reclamo se ampara en el artículo 19 de la ley 23.966. La normativa establece claramente que parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe ir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte: un 20% tope para obras ferroviarias y el resto para obras viales.
Los números de la polémica
Los intendentes denuncian que la caja nacional se está llenando a costa de frenar las obras en los barrios. Para graficar el desvío de recursos, desde la FAM expusieron cifras contundentes:
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El balance del año pasado: Se recaudaron $3,5 billones para el fideicomiso. A Vialidad le correspondían $2,25 billones, pero el Gobierno solo le transfirió $1,2 billones.
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El primer trimestre: Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, el Estado recaudó $1,5 billones por el impuesto a los combustibles. Sin embargo, ese dinero no se destinó a ninguna obra pública ni sirvió para amortiguar el precio en los surtidores.
Ultimátum al Gobierno
Para los jefes comunales de los distintos espacios políticos que conforman la FAM, esta retención genera un perjuicio directo y tangible en las comunidades, afectando el mantenimiento de calles, rutas y accesos. La advertencia fue clara: si no se abre una instancia de diálogo urgente para normalizar el flujo de los recursos que les corresponden por ley, la próxima parada será en los tribunales.
