A partir de este sábado 5 de septiembre, entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el país, una medida con fuerte impacto para la seguridad y el tratamiento del delito en las calles del Conurbano. La Ley 27.801 modifica la antigua normativa de los años 80 y establece que los menores podrán ser juzgados desde los 14 años, enfrentando penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión.
Uno de los puntos más disruptivos de la nueva legislación es que los progenitores pasarán a ser civilmente responsables por los ilícitos que cometan sus hijos. Según el texto oficial, el objetivo del esquema es fomentar la responsabilidad legal por los actos cometidos, sin perder de vista la resocialización del adolescente.
Los menores que resulten detenidos serán alojados en dependencias exclusivas, con prohibición absoluta de compartir espacio con presos mayores de edad. Allí tendrán garantizado el acceso a programas educativos para terminar sus estudios, además de formación ciudadana y capacitación laboral. Asimismo, se mantiene la estricta prohibición de difundir en los medios la identidad, fotografías o datos de filiación de los menores imputados.
El esquema de penas
El nuevo régimen contempla un abanico de sanciones, priorizando alternativas a la privación de la libertad según la gravedad del hecho:
Amonestaciones y prestación de servicios a la comunidad.
Prohibición de acercamiento a la víctima, de salir del país o de asistir a espectáculos.
Monitoreo electrónico mediante rastreador.
Reparación integral del daño causado a la víctima.
Penas privativas de libertad (en domicilio, instituto abierto o cerrado especializado).
