Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el primer informe nacional sobre Trabajo Sexual Virtual (TSV). El documento, elaborado de manera colaborativa con investigadoras del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), desmiente las versiones de enriquecimiento fácil difundidas en medios masivos y expone una trama de precarización estructural, vacíos legales y violencia digital.
«Para nosotras, como sindicato, trabajes en la calle, en un departamento, en un bar, hagas un cameo o trabajes virtualmente en OnlyFans, Cafecito o cobres por PayPal, tenés que tener derechos laborales», sentenció Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR. La dirigenta gremial cooperó en la apertura del panel e instó a consolidar un paraguas legal que proteja a las personas que ejercen la actividad independientemente de su identidad de género, su nacionalidad y el espacio físico o virtual donde se desempeñen.
Un perfil que rompe estereotipos y el rol de las plataformas
El relevamiento estadístico contradice los clichés instalados. Según los datos arrojados por la investigación, el 82,9% de quienes ejercen el TSV se identifica como mujer, el 9,1% como no binarie y el 8% como varón trans u otras identidades, con una edad promedio de 31 años. A diferencia del trabajo sexual en la vía pública —donde el 86% de las mujeres son madres—, en la virtualidad el 76% no tiene hijos, aunque la mayoría sostiene económicamente a sus familias de origen. Orellano interpretó este cambio ligándolo a los efectos de la Educación Sexual Integral (ESI) y las discusiones del feminismo sobre el deseo y el propio cuerpo. El sector muestra además un nivel educativo medio-alto: la mayoría cuenta con estudios terciarios o universitarios, el 43% estudia en la actualidad y el 53,6% recurre al pluriempleo para completar sus ingresos mensuales.
El informe relevó un ecosistema de 60 plataformas digitales, liderado por OnlyFans (64,3%) y Fansly, articuladas con aplicaciones de mensajería como Telegram (56,7%) e Instagram para la promoción de contenidos. Los datos demuestran que la supuesta independencia de estas plataformas esconde una relación de subordinación encubierta: OnlyFans retiene el 20% de las ganancias de manera fija sin asumir ninguna obligación patronal. Como consecuencia, una gran cantidad de creadoras, aun invirtiendo extensas jornadas de trabajo, percibe menos de 500 dólares mensuales.
Orellano trazó un paralelismo directo entre las trabajadoras sexuales virtuales y los repartidores de aplicaciones como Rappi, PedidosYa o los choferes de empresas de transporte como Uber. En todos los casos, argumentó, se utiliza el eufemismo de «prestadores independientes» para eludir responsabilidades laborales básicas, con el agravante de que el estigma sobre el trabajo sexual profundiza el aislamiento de quienes generan contenido digital.
Violencia en las redes y el sistema científico en emergencia
Uno de los capítulos más contundentes del informe documenta la exposición permanente a múltiples formas de violencia digital que carecen de marcos regulatorios específicos. Entre las principales problemáticas se denunciaron hackeos de cuentas, ciberacoso sistemático, extorsión, filtración y difusión de imágenes sin consentimiento, insultos misóginos y la baja arbitraria de perfiles por parte de las corporaciones tecnológicas, lo que destruye años de construcción de audiencia de la noche a la mañana.
La presentación también funcionó como un espacio de denuncia para el sector académico. Las investigadoras del CONICET encargadas de confeccionar el documento, la Dra. Débora Daich y la Dra. Estefanía Martynowskyj, alertaron sobre la delicada situación que atraviesan los organismos de ciencia del país.
Alerta académica: «No debemos dejar de anunciar en este honorable auditorio que el sistema científico nacional que tanto nos enorgullece y que goza de un gran prestigio internacional se encuentra en una situación de emergencia», señalaron las profesionales ante el aplauso del auditorio. En ese sentido, se remarcó que el recorte presupuestario del gobierno nacional sobre las universidades y el CONICET pone en riesgo la continuidad de investigaciones situadas y con perspectiva de género que visibilizan a sectores históricamente postergados.
Presión abolicionista en la previa del evento
La realización de la jornada en el Congreso estuvo marcada por tensiones ideológicas. La diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), presidenta de la Comisión de Mujeres, Diversidad e Igualdad de Género, recibió una intimación formal por parte de una organización abolicionista que amenazó con iniciar acciones legales si no se cancelaba la exposición.
La legisladora ratificó la actividad y declaró: «Hay que escuchar sin prejuicios, sin miradas moralistas; entender que hay muchas personas que llevan adelante este tipo de trabajo y que necesitan derechos para estar en condiciones que garanticen su seguridad, su salud, y que garanticen que puedan tener lo mismo que otras personas en términos de ciudadanía». El encuentro cerró con el planteo político de avanzar hacia normativas institucionales comunes que reconozcan el trabajo sexual como una actividad laboral sujeta a derechos, seguridad social y herramientas estatales de protección frente a las violencias.
