El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Rubén Crosta, se expresó en duros términos tras la publicación de la reglamentación de la reforma laboral. Denunció que el gobierno intenta disfrazar de “modernización” un paquete normativo que, en realidad, arrastra las relaciones laborales hacia el siglo XIX, despojando a los trabajadores de conquistas históricas obtenidas con décadas de lucha y miles de vidas perdidas en todo el mundo.
“Llaman modernización a un retroceso brutal. Nos quieren convencer de que flexibilizar y precarizar es progreso, cuando en realidad están borrando de un plumazo derechos que costaron sangre, como la jornada de ocho horas, que ahora queda sujeta al criterio arbitrario de los empleadores, que encima pueden despedir sin costo a quien no acepte esas condiciones”, denunció Crosta.
El dirigente mercantil subrayó que la reglamentación impone limitaciones compulsivas a cualquier intento de protesta, llegando al extremo de habilitar sanciones penales contra el ejercicio del derecho de huelga. “Se trata de un disciplinamiento feroz: el trabajador que se atreva a reclamar puede terminar no sólo en la calle, sino también frente a un juez penal”, advirtió.
Indemnización convertida en timba
Rubén Crosta también cuestionó el nuevo esquema de indemnizaciones, que transforma un derecho básico en una apuesta financiera: “Lo que antes era un resguardo para el trabajador despedido ahora se convierte en una timba de mercado. El dinero que debía ir a las cajas jubilatorias se desvía a la bolsa, con cero riesgo para los empleadores. Si las inversiones son rentables, la sociedad de bolsa se queda con las ganancias; si el mercado se desploma, como ocurrió en 2008 en Estados Unidos, nadie garantiza la integridad del fondo. Es un mecanismo perverso que convierte la indemnización en una ruleta financiera.”
Ataque a la representación sindical
El secretario general adelantó que la reglamentación abre el camino inevitable de la judicialización, ya planteado por la CGT, debido a las contradicciones que se plantean, por ejemplo, en torno al derecho de huelga. “La reglamentación choca de frente con los tratados internacionales. Pretenden limitar un derecho que la comunidad internacional reconoce como esencial. Esto no sólo es injusto, es inconstitucional”, afirmó, recordando que la Corte Internacional de Justicia, a pedido de la OIT, expresó recientemente que el derecho de huelga está protegido por el Convenio N.º 87, de jerarquía constitucional en la Argentina.
Crosta también hizo referencia a la caída de los convenios colectivos de trabajo, las limitaciones al desarrollo del trabajo de los delegados sindicales y el desmembramiento de la representación gremial, alentando la atomización de la misma. “Todo esto demuestra que el principal objetivo de lo que llaman modernización es en realidad el debilitamiento y la destrucción de las estructuras de defensa de los trabajadores, rompiendo definitivamente el modelo tripartita de organización de los sistemas laborales que prima en todos los países desarrollados del mundo”, señaló.
Finalmente Crosta reiteró lo que ya había manifestado en febrero, cuando la reforma fue aprobada en el Congreso: “Esta ley no genera trabajo, genera miedo. Y ahora, con la reglamentación, ese miedo se institucionaliza.”
