Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que la administración del presidente Javier Milei despidió a 71.661 trabajadores estatales, lo que equivale a un promedio escalofriante de casi 72 cesantías por día.
El recorte global implica una caída del 21% en la planta total del Sector Público Nacional (SPN), afectando tanto las capacidades operativas de los organismos como la prestación de servicios esenciales a la comunidad.
En términos proporcionales, el impacto más destructivo se concentró en la administración centralizada, evidenciando un marcado vaciamiento de funciones estructurales del Estado, aunque la administración descentralizada y las empresas públicas acumulan el volumen más alto de cesantías en números absolutos.
Las empresas públicas más golpeadas
Al examinar las sociedades del Estado y firmas con participación estatal, el Correo Argentino encabeza la nómina de despidos absolutos con 5.578 cesantías. Detrás se ubican la Operadora Ferroviaria con 4.208 bajas, el Banco Nación con 2.363 y Aerolíneas Argentinas con 1.990 puestos de trabajo eliminados.
No obstante, al medir el recorte en términos porcentuales sobre las dotaciones originales, la ex agencia Télam lidera la sangría con la eliminación del 79% de su personal. Le siguen en severidad ENARSA Patagonia, Educar S.A., Contenidos Públicos S.E. y la Casa de la Moneda.
Recorte en organismos clave: En la Administración Pública Nacional, la Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) lidera las bajas con 3.427 puestos destruidos, seguida por la ANSES con 2.982 despidos y el CONICET con una pérdida de 2.057 científicos y trabajadores de la ciencia.
Vaciamiento en áreas sensibles
El análisis proporcional dentro de los organismos descentralizados expone situaciones críticas en áreas de desarrollo social y transporte. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales encabeza el podio con una reducción del 62% de su plantel.
El ranking de desmantelamiento institucional lo completan la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que perdió el 53% de sus agentes, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con un recorte del 46% en su nómina.
