La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata confirmó la detención de Albertina Mangini, funcionaria de la Procuración General bonaerense, acusada de formar parte de una sofisticada asociación ilícita dedicada al robo de datos biométricos, la apertura de cuentas en billeteras virtuales y el lavado de dinero a gran escala.
La medida fue dictada por la Sala I del tribunal de alzada —integrada por los jueces María Silvia Oyhamburu, Sofía Rezzónico Bernard y Raúl Dalto—, al rechazar un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de la imputada.
Mangini, quien se desempeñaba como secretaria de la Fiscalía General Departamental en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados, fue arrestada el pasado 13 de agosto en su departamento del centro platense por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
De acuerdo con la hipótesis que instruye la fiscal Betina Lacki, titular de la UFIJ N.º 2 de La Plata, la funcionaria habría aprovechado su rol para identificar y captar a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica que no poseían cuentas bancarias ni acceso a plataformas digitales.
El mecanismo delictivo consistía en ofrecerles una suma de 80.000 pesos a cambio de sus datos personales. Las víctimas eran citadas en un bar ubicado en la intersección de las Avenidas 7 y 56, en la capital provincial, donde mediante dispositivos móviles les tomaban fotografías y registros faciales para completar el alta en distintas billeteras digitales.
Red de cuentas, casinos ilegales y flujo millonario
Una vez abiertas, las cuentas pasaban al control de la red criminal mediante el cambio de correos y líneas telefónicas. Según las pericias contables, las billeteras eran utilizadas para recibir, fraccionar y canalizar fondos vinculados a la explotación de un casino online ilegal y a maniobras de defraudación.
En la causa también se concretaron las detenciones de Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni, señalados como los operadores financieros de la estructura. En solo una de las plataformas analizadas por los investigadores, se detectaron movimientos brutos que superaron los 27.000 millones de pesos.
Patrón de transferencias e identificación: La fiscalía descubrió un patrón sistémico en los giros bancarios, donde las transferencias registraban montos con terminaciones fijas en «.12», una suerte de «código de validación» para que los receptores identificaran el dinero proveniente de la maniobra ilícita.
Pese a los argumentos de la defensa —que alegó arraigo, falta de antecedentes y la predisposición de la funcionaria durante los dos años de instrucción—, la Cámara sostuvo que la orden de detención emitida por el juez de Garantías Agustín Crispo es legítima y que persisten riesgos procesales de entorpecimiento dada la complejidad del engranaje criminal.
