La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) ha tomado intervención en el conflicto generado por la disolución del programa PRO.CRE.AR, anunciada por el Gobierno Nacional a través del Decreto N.º 1018/2024. Esta decisión, que responde a la crítica situación del déficit habitacional en el país, ha generado preocupación entre los beneficiarios del programa, especialmente por la falta de soluciones claras para las familias afectadas.
En respuesta a la nota presentada por ADPRA, el Gobierno justificó la medida argumentando que el programa no fue suficiente para reducir el déficit habitacional, que actualmente alcanza los 3,5 millones de viviendas. Asimismo, el informe detalló que las políticas implementadas no lograron un impacto significativo, mencionando que, en promedio, solo se entregaron 1.700 viviendas anuales y se otorgaron 12.000 créditos, muchos de ellos para complementar otros préstamos.
La propuesta del Gobierno incluye la transformación de los créditos hipotecarios en préstamos personales, con una tasa de interés del 0% y sin garantías hipotecarias, una medida que, según el Ministerio de Economía, fue aceptada por el 63% de los beneficiarios. Sin embargo, desde ADPRA, Facundo Mancebo, defensor del pueblo de Lanús e integrante de la comisión directiva de la organización, expresó su preocupación por el impacto de estas medidas sobre las familias que confiaron en el programa como una solución definitiva a la falta de vivienda.
Mancebo resaltó que “el acceso a la vivienda no puede depender exclusivamente del mercado” y que el Estado debe asumir un papel central en la implementación de políticas habitacionales que garanticen derechos y soluciones sostenibles a largo plazo.
