El Concejo Deliberante lomense aprobó la redacción y el envío de una carta al juez estadounidense que interviene en la causa del reclamo de los fondos buitre. La medida fue presentada por los concejales Emilio Solas y Julio Rivero, del Frente para la Victoria.
El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora acordó que en los próximos días le enviará al juez de Nueva York que entiende en la causa de los fondos buitres contra el Estado argentino, Thomas Griesa, una carta en defensa de las negociaciones que viene encarando el Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.
La iniciativa fue a propuesta por los concejales del Frente para la Victoria Emilio “Beto” Solas y Julio Rivero.
La medida fue acompañada por el resto de los ediles del Frente para la Victoria (FpV) y los representantes del Frente Renovador (FR), mientras que UNEN fue el único bloque que se negó a participar de la redacción de la misiva.
En ese sentido, Solas remarcó que “es un momento duro de la Patria”, llamó a respaldar a la Presidenta y destacó su participación de la cumbre de los denominados BRICS, celebrada en Fortaleza, Brasil.
“Los fondos buitres son los usureros del mundo que especulan con las miserias de los países. El costo de los buitres para nosotros es la pobreza, la falta de educación que hubo por años, nuestros muertos y nuestros desaparecidos”, recalcó el concejal y docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Además, el edil que se referencia en Proyecto Nacional – agrupación del vicegobernador Gabriel Mariotto – recordó que el distrito “se vio beneficiado por estos 10 años de crecimiento” durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y por eso pidió el acompañamiento del resto de los ediles.
El cuerpo también aprobó el convenio entre el Municipio y la Universidad de San Martín (UNSAM) para poner en práctica un sistema de fotomultas. La ordenanza fue apenas aprobada por 10 votos a favor del FPV y el rechazo de UNEN y el FR (siete votos).
Al respecto, tanto Solas, Rivero y los ediles del Movimiento Evita y La Cámpora se abstuvieron de votar porque la ordenanza bajada desde el Departamento Ejecutivo carecía de información sobre la implementación y los montos a cobrar, entre otros puntos.
