El concejal de la Unión Cívica Radical en Lomas de Zamora, Alejandro Trotta, opinó sobre la prohibición implementada por parte del Gobierno nacional para el cobro de impuestos municipales a través de facturas de servicios y puso en duda la efectividad de la medida. «El presidente busca generar conflicto, no es algo que en el fondo tenga efectividad, es pour la galerie», sostuvo.
Tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, no tardaron en aparecer los cuestionamientos por parte de los jefes comunales, entre ellos la quilmeña Mayra Mendoza, que rechazaron enérgicamente la disposición anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo. “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”, reza el artículo 1 de la resolución 267/2024.
En ese sentido, en diálogo con DiarioConurbano.com.ar, Trotta consideró que la normativa es una «invasión» de potestades, en cuestiones que le corresponden a los municipios. «Es una situación que fácilmente puede ser salvaguardada si existe la posibilidad de que el vecino realice una manifestación en donde pida que no se le cobre todo junto en la factura de servicios», manifestó el edil radical, en línea con un planteo propio que ya había hecho público tiempo atrás, sobre el cobro de tasas en las boletas de servicios.
En tanto, el titular del comité radical abordó el trasfondo político de la medida adoptada por el Gobierno libertario y lamentó que «el presidente busca conflicto para mantener su imagen», al tiempo que advirtió que la disputa continuará por la vía judicial, ante el rechazo de los jefes comunales. «Los intendentes no lo van a aceptar mansamente», deslizó.
