El concejal de La Libertad Avanza en Almirante Brown, Juan Pedro Aquino, respaldó la prohibición de cobrar tasas a través de las facturas de servicios y reclamó que «los municipios se tienen que hacer cargo» y «cuidar» el dinero de los contribuyentes. «Es necesario transparentar todo, eliminar los gastos ‘superfluos’ y cuidar la moneda del vecino», subrayó. La posición del edil es la misma que sostiene toda la fuerza libertaria en la Provincia.
Con énfasis en el achique del gasto, Aquino salió en defensa de la resolución del Ministerio de Economía que impedía el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos y sostuvo que «la boleta de luz viene cara porque hay un montón de impuestos ‘prendidos’ que aumentan el valor y que nada tienen que ver con la energía».
Cabe recordar que tras el anuncio de la resolución de la cartera que comanda Luis Caputo, varios jefes comunales salieron al cruce de la medida y advirtieron que el conurbano podría quedar «a oscuras» si el Gobierno avanzaba en la implementación de la normativa.
Por su parte, el edil libertario se mostró en desacuerdo con la medida cautelar dispuesta por la Justicia que consideró que «la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo», como principal argumento de su fallo.
«Me gustaría que se actúe con la misma celeridad en tantas otras cosas que el vecino común espera respuesta de la Justicia y en esas cosas está ausente», planteó Aquino en diálogo con DiarioConurbano.com.ar.
«Hay que transparentar todo, así como ellos te utilizaban los rótulos en la mercadería que uno consume, acá hay que hacer lo mismo y poner ‘exceso en impuestos’. Hay que eliminar los gastos superfluos para respaldar el esfuerzo colosal que se está haciendo para poner de pie al país», aseguró el concejal.
Mientras tanto, se espera que en el transcurso de la próxima semana la Justicia decida la suerte que correrá la resolución dictada por el Ministerio de Economía, que deberá presentar en los tribunales un estudio detallado sobre la fundamentación y el impacto que tendrá la medida.
