El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora tuvo este martes su octava Sesión Ordinaria en donde el pedido de informes a la gobernación bonaerense por la inclusión de lomenses en el listado de aportantes de Cambiemos en la última campaña electoral y el repudio a la inclusión de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad interior impulsaron fuertes debates durante la jornada. Además se pidió otra vez el traspaso operacional de la policía local al municipio, hubo otro pedido de informes a EDESUR y el ENRE por el resarcimiento a usuarios, y se criticó a la reducción de subsidios a bomberos y la descentralización de los equipos de Orientación Escolar.
Como se adelantó desde este medio, se llevó al recinto el rechazo y pedido de informes sobre las listas de aportantes truchos de Cambiemos, que en el distrito posee 168 nombres de los cuales varios de ellos son parte de la nómina de receptores de planes sociales pero figuran como donantes monetarios del oficialismo provincial en la campaña legislativa y hasta como afiliados a ese partido sin su consentimiento ni conocimiento previo.
Con la lupa puesta en conocer el listado de damnificados en el distrito que también son beneficiarios de planes, así como saber si los datos de los implicados fueron extraídos de la base de datos de la ANSES, cuáles de ellos son fehacientemente afiliados al espacio político y el origen de los fondos no bancarizados, se aprobó el pedido de informes que exigen sea remitido dentro de los próximos 15 días hábiles desde que la comunicación ingrese en el Ejecutivo Provincial.
Al mismo tiempo y por medio de otro proyecto tratado en conjunto, se manifestó la “preocupación ante la denuncia penal que involucra a la Gobernadora Bonaerense y Presidenta del PRO de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al jefe de campaña de Cambiemos en el lapso 2015 y 2017, Federico Salvai, y a los actuales senador y diputada Esteban Bullrich y Graciela Ocaña” que presentó la senadora provincial de Unidad Ciudadana Teresa García.
La autora del proyecto, la edil de Unidad Ciudadana-PJ Daniela Vilar, sostuvo que el hecho supone “un escándalo político innegable” y que el mismo está marcado por el “cinismo y subestimación del presidente y la gobernadora de la provincia hacia todos” al evadir respuestas y plantear una nueva ley de financiamiento de partidos, por lo que advirtió que “el 80 por ciento de los aportes de Cambiemos fueron en efectivo mientras que el 97,7 por ciento de los de Unidad Ciudadana fueron bancarizados”.
En ese sentido preguntó retóricamente como cierre: “¿Quiénes son los verdaderos aportantes?¿Por qué tuvieron que falsificar la identidad de nuestros vecinos para justificar dinero que no sabemos de dónde sale?”.
A su vez, su compañera de bancada Laura Berardo, indicó que la maniobra “deja en claro que vulneraron la ley de financiamiento al no poner el nombre de los verdaderos aportantes que hicieron esa gran inversión de dinero” y pidió que “los principales responsables del partido PRO den explicaciones en la justicia por la gravedad de la denuncia”.
Por el lado de la oposición, Gustavo Ganchegui afirmó que “el control lo debe hacer la justicia” y no el Legislativo municipal, porque se “incurre en un error institucional”, o los partidos, porque “ningún partido político se tiene que entrometer en la vida de otro”, y “hay un límite que respetar”, razón por la cual anunció el no acompañamiento del proyecto que luego fuera aprobado por la mayoría.
El repudio al rol del Ejército también fue foco de discusión
Si bien pertenece a la esfera nacional, los ediles oficialistas se plegaron junto al massismo para expresar su descontento ante el decreto emitido por el presidente Mauricio Macri que involucra a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior brindándole “apoyo logístico” a las fuerzas de seguridad, al tiempo que pidieron que la ley pase por el Congreso Nacional para su tratamiento.
Vilar remarcó el carácter negativo de la derogación del decreto de Néstor Kirchner en 2006 que limitaba el accionar de las FF.AA a un rol de defensa y afirmó que “la política negacionista de éste gobierno va a poner en peligro una política de Estado que sostuvo el período de democracia más largo de la historia”, lo que significaría “un retroceso de más de 20 años”.
“El rol de seguridad tiene que ver con la prevención del delito, de cuidarnos sin usar la fuerza letal y éste es un campo que las Fuerzas Armadas desconocen, por eso no se puede permitir que se hagan cargo de la seguridad interna y la sociedad está en contra y los organismos de Derechos Humanos se manifestaron”, argumentó la referente local de La Cámpora.
A su vez, Ganchegui aseguró que “el decreto modifica y amplía” las funciones del Ejército el término de “agresiones externas”, ya que “en el Siglo XXI no solo provienen de instituciones Estatales sino de otro tipo de organizaciones que pueden llegar a actuar” y en ese sentido el decreto “en ningún momento sale por afuera de la Ley de Seguridad Interior” y marca que ésta es su límite.
El pedido de mayor autonomía volvió al recinto desde la seguridad
El traspaso del control operativo de la Policía Local a la órbita municipal desde el ámbito provincial con “los recursos humanos, presupuestarios y equipamiento que garanticen su adecuado funcionamiento” tuvo un fuerte capítulo en el recinto con la aprobación del proyecto de UC dirigido a la gobernadora Vidal y el Ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo que estipulaba el cambio en su dirección.
Asimismo, desde el FR-UNA también se pidió informes al ENRE, las defensorías del Pueblo nacional y provincial, al ejecutivo y la Dirección de Defensa del Consumidor municipales para conocer el estado del resarcimiento a los usuarios lomenses que dictó la justicia y también conocer en detalle el informe técnico en el que se basaron para establecer los montos, donde figura la irrisoria suma de apenas 2448 clientes sin suministro entre marzo y agosto del pasado 2017.
Por otra parte se giró a Comisión el proyecto de Cambiemos donde se pide información sobre el desempeño y los costos de las tareas que lleva adelante la empresa Servilum, la encargada del mantenimiento de las luminarias en el distrito
Además se envió una comunicación a Presidencia de la Nación y al Ministerio de Seguridad por la reducción “ilegal” de los subsidios destinados al Sistema Nacional de Bomberos, cuyos montos están establecidos por ley y no pueden variar si no es por intermedio del Congreso. Durante el tratamiento del mismo y previo a su aprobación, hubo fuertes cruces entre Daniel Vicente, Presidente de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, y el concejal de Cambiemos Gabriel Coba por el costo del equipamiento y su compañero Gustavo Ganchegui, quien puso en duda la falta de liquidación de las partidas presupuestarias desde Nación.
A su vez, desde el oficialismo volvieron a la carga contra la centralización de los equipos de Orientación Escolar en la provincia, los cuales dejarían de funcionar en las escuelas y pasarían a tener carácter distrital, pero con el agregado de los profesores de educación física.
Antes de iniciar el orden del día hubo pedido de mociones de privilegio por parte de Vilar, que recordó a Santiago Maldonado a un año de su muerte; de Ganchegui, que destacó un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, y otra en conjunto del massista Ramiro Trezza y el oficialista Amado Salinas, quienes homenajearon a las policías Tamara Ramírez y Lourdes Espíndola pidiendo realizar un minuto de silencio de pie.
