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Con una huelga nacional, la oposición mide fuerzas e intenta frenar la Ley Ómnibus de Milei

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La CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), los movimientos sociales y las multisectoriales paralizarán las tareas este miércoles durante 12 horas en todo el país y se movilizarán hacia el Congreso en rechazo de las medidas económicas del Gobierno, en lo que constituirá la primer gran protesta gremial en la era Milei y una medición de fuerzas entre el Ejecutivo y los sindicatos.

Las centrales obreras y otros espacios ratificaron su total oposición a la sanción del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y al proyecto de ley ‘Bases’, a pesar de sus modificaciones, porque, afirmaron, «atentan contra los derechos laborales y todas las conquistas».

«Se trata de un ataque salvaje que afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y procura quitar derechos laborales y jubilatorios», dijeron las centrales.

Héctor Daer, cotitular de la CGT, expresó hoy que la protesta de mañana tendrá gran adhesión porque «la gente tiene bronca», lo que «trascendió al movimiento obrero para alcanzar a varios sectores de la sociedad», y añadió que existe «decepción».

Al igual que lo hicieron las centrales obreras, los gremios de manera individual y los movimientos sociales, Daer rechazó la aplicación del Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien hoy lo ratificó y dijo que «si Pablo Moyano quiere llevar a los camioneros a upa que lo haga, pero la medida será instrumentada», al responder a declaraciones del sindicalista camionero, quien había señalado que sus afiliados «no pueden marchar a upa».

«El protocolo de Bullrich es una aberración unilateral que ya está en queja en el Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Subir y filmar a la gente arriba de un micro solo se hace en dictadura», aseguró Daer.

En el mismo sentido se pronunció el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien al igual que el gremio aceitero del Departamento de San Lorenzo decidió paralizar las tareas durante 24 horas desde esta medianoche.

«Que Bullrich no se ilusione, mañana no podrá aplicar protocolo alguno. Nadie va a cumplir esa aberración y obedecer y marchar por la veredita. como quiere el Gobierno», replicó.

La protesta se repetirá en las provincias, donde las filiales de la CGT y las otra centrales, junto con organizaciones sociales y políticas, también realizarán marchas y otras modalidades de protesta contra la política del Gobierno nacional.

El transporte público de pasajeros funcionará hasta las 19 para aquellos que quieran participar en la marcha y luego desconcentrar hacia sus hogares.

El integrante de la CGT y dirigente marítimo Juan Carlos Schmid ratificó también que mañana el protocolo de Bullrich «será impracticable», y en sus redes sociales sostuvo: «Los mafiosos a los que hay que meter balas, como dice el diputado nacional José Espert, mañana pararán astilleros, el dragado, los embarques de granos, los amarres y la operatividad portuaria sin disparar un solo tiro. Todos al Congreso con la CGT».

Bajo el lema «La Patria no se vende», el Partido Justicialista (PJ) de la ciudad de Buenos Aires -que lidera Mariano Recalde- y referentes de Unión por la Patria (UXP) respaldaron hoy la huelga y movilización de mañana de las tres centrales obreras en rechazo de las medidas del Gobierno, porque entre otras cosas significan «el achicamiento del Estado y la pérdida de miles de empleos», aseguró Fernando Barrera, del PJ y la UPCN.

En el encuentro participaron, entre otros, referentes legislativos como Leandro Santoro, Paula Penacca y Carlos Heller, sindicalistas y dirigentes de organizaciones sociales.

Para el PJ porteño, las leyes del Ejecutivo promueven «un modelo de país gobernado por el mercado, injusto socialmente e inequitativo en lo económico y laboral». afirmó.

Otra expresión de repudio surgió de la totalidad de las filas sindicales luego que el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresara que se descontará el día de paro a todos aquellos trabajadores que adhieran a la huelga, al asegurar: «El que no trabaja no cobra».

Otro reclamo que en las últimas horas se sumó a la protesta de mañana es la decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento un proyecto de ley de restitución del pago de Ganancias, ahora denominado Impuesto a los Ingresos Personales, que abarcaría a todo aquel que supere un ingreso de 1.350.000 pesos bruto, lo que ya rechazaron los gremios.

Entre otros, ese intento fue denunciado hoy por los líderes de la Asociación Bancaria (AB) y del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Sergio Palazzo y Omar Maturano, quienes repudiaron la iniciativa y aseguraron que habrá «lucha y conflicto».

El camionero Pablo Moyano señaló su «esperanza» de que mañana Bullrich «no procure montar un nuevo show mediático y provocar a los trabajadores para generar incidentes y luego culpar a sus organizaciones», y ratificó «la legitimidad» de la convocatoria de la CGT.

En ese sentido, la CGT se reunió el lunes con funcionarios de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Metropolitana para «consensuar cuestiones de seguridad y organización» de la jornada de mañana y garantizar «el pacífico desarrollo del acto», previsto para las 15 en Congreso.

Las columnas de trabajadores ingresarán por la Avenida de Mayo desde la avenida 9 de Julio hacia la Plaza del Congreso, y se garantizará la circulación de los bomberos, ambulancias, vehículos con emergencias y el ingreso y egreso de frentistas en toda la zona.

La CGT reclamó a las autoridades porteñas «un estricto control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad operativas en el lugar para garantizar el desarrollo pacífico del acto, sin incurrir en provocaciones y/o agresiones y a la totalidad de los trabajadores».

La primera huelga y masiva marcha de protesta en la era Milei, a poco más de un mes de su asunción y según reconocieron los dirigentes sindicales de las tres centrales obreras, no solo son «legítimas» sino que auguran «una real medición de fuerzas entre partes» para determinar de cara al futuro «el verdadero y justo proyecto de país para la sociedad».


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