El proyecto – que deberá ser tratado en la Cámara de Senadores provincial – contó con la sorpresiva abstención de Juan José Mussi, del propio oficialismo, disconforme porque los fondos no llegarán a los distritos vía coparticipación. El Frente Renovador acompañó la iniciativa en general, aunque votó en contra de algunos artículos, como el que establece la imposibilidad de los efectivos policiales de portar armas fuera del horario de servicio.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que crea las llamadas Policías Locales en aquellos municipios del territorio bonaerense con más de 70 mil habitantes.
Entre las características principales, la iniciativa contempla que las Policías Locales podrán llevar el armamento reglamentario sólo cuando estén en servicio, mientras el proceso formativo de los cuadros de oficiales durará dos años. Sus integrantes no estarán facultados para privar de la libertad a las personas, y cada intendente será el conductor operativo y el encargado de designar al jefe de la estructura, con la obligación de dar informes a su respectivo Concejo Deliberante al inicio de sesiones ordinarias de la marcha de esa fuerza.
Se prevé, para el 2015, disponer de unos 15 mil efectivos distribuidos en los municipios que adhieran a la ley, con un porcentaje de un 50 por ciento destinado a las mujeres. Otro 10 por ciento del personal femenino se especializará y trabajará en forma conjunta con las comisarías de la mujer y los servicios locales para actuar en los casos de violencia de género. Las funciones y actividades de las Policías Locales están exclusivamente orientadas a garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, la protección y defensa de los derechos humanos y la convivencia ciudadana.
El jefe policial puede ser cualquier ciudadano argentino, de origen o de adopción, sin antecedentes penales, entre otras exigencias. Para ingresar a la fuerza policial municipal, se requiere ser ciudadano argentino, nativo o por opción y no tener más de 35 años, como también acreditar aptitudes físicas y psíquicas. No pueden entrar a la fuerza, quienes hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, o quienes registren antecedentes por violación a los derechos humanos.
Por el proyecto votado hoy en Diputados, se creará una comisión bicameral legislativa, integrada por seis diputados y otros seis senadores, dedicada al seguimiento y la fiscalización del proceso de instrumentación de las Policías Locales.
La norma también crea el fondo para el Fortalecimiento de las Policías Locales, que debe ser distribuido entre los Municipios que hayan conformado y puesto en funcionamiento esos cuerpos. Ese fondo está integrado por los recursos determinados anualmente en el Presupuesto provincial, que en ningún caso pueden ser extraídos de la coparticipación municipal. El Poder Ejecutivo debe transferir en forma directa y automática a cada Municipio, como máximo el último día hábil de cada mes, los montos respectivos.
Curiosa situación se dio en el seno del bloque oficial, que sufrió una abstención a la hora de la votación en particular. Quien manifestó la disidencia fue Juan José Mussi, ex intendente de Berazategui y padre del actual jefe comunal de ese distrito. La aspiración del calvo dirigente, en coincidencia con el massismo, era que los fondos destinados al financiamiento operativo y el respectivo mantenimiento de las fuerzas por crear sean girados vía coparticipación, y en eso encontró resistencia dentro de su propio espacio. “Me voy a abstener de votar todos los artículos de ese capítulo”, sentenció Mussi en el cierre del debate.
El Frente Renovador, por su parte, acompañó el proyecto en general pero votó en contra de varios artículos, que seguramente serán revisados ahora en el Senado. Se trata de un salpicón de apartados sobre diferentes aspectos. El primero, que es el quinto inciso de la ley, sobre el traspaso de las actuales jefaturas distritales de la Policía bonaerense a los municipios; los capítulos 24 y 25, sobre el estado policial y la imposibilidad de los efectivos policiales de portar armas fuera del horario de servicio; el 42, que limita las incorporaciones a la fuerza de integrantes de otras estructuras de seguridad nacionales; el 63, que implica la obligación de formarse a cada efectivo durante dos años; y el artículo sobre la no automaticidad de traspaso de fondos.
A lo largo del debate se expresaron los diputados Guido Lorenzino, Lucía Portos y Fernando “Chino” Navarro, del Frente para la Victoria; Jorge Sarghini y Mario Giaccobe, del Frente Renovador; Marcelo Saín, de Nuevo Encuentro; Jorge Silvestre y Sandra París, de la Unión Cívica Radical; Christian Castillo, del Frente de Izquierda y los Trabajadores; Guillermo Britos, de Unión Celeste y Blanco; Marcelo Díaz, del Frente Amplio Progresista; y Héctor Martínez, de Lealtad Peronista.
