Tras el anuncio del Gobierno de Javier Milei que obliga a los clubes de barrio a reempadronarse para conservar la Tarifa Social de los servicios públicos, el presidente de la seccional bonaerense de la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB), Diego Indycki, cuestionó a la administración libertaria por el avance contra las instituciones barriales y no descartó una posible judicialización de la medida. «El Gobierno quiere asfixiar económicamente a las instituciones para permitir el desembarco de las SAD en los clubes«, aseguró.
Mediante la oficialización de la la Resolución 276/2025, el Ejecutivo nacional obliga a las instituciones a regularizar su situación jurídica, en medio de un contexto económico adverso, para continuar con las tarifas subsidiadas de luz y gas. En este marco, en diálogo con DiarioConurbano.com.ar, Indycki alertó que además no están claros los criterios a mediante los cuales el Gobierno aplicará la segmentación tarifaria a las instituciones deportivas barriales.
«Nos preocupa porque esto se basa en una ley que ellos mismos no están aplicando. Los clubes no pueden en su gran mayoría acceder a la tarifa social y tampoco sabemos en este caso de que manera la van aplicar«, aseguró.
La medida anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que la normativa busca reducir «privilegios» generó malestar entre las instituciones barriales, que a través del comunicado publicado por la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB) manifestaron su enérgico rechazo y preocupación por la resolución publicada en el Boletín Oficial.
«No son claros. Te dicen que tenés que registrarte, que estar al día con la personería jurídica, la IGJ que para quien conoce, son requisitos complejos en este contexto. Además, en ese registro sólo se anotaron alrededor de 6 mil clubes de barrio, de los casi 20 mil que hay en todo el país», agregó Indycki.
Por su parte, el dirigente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB) no descartó que durante el Congreso de la organización, a realizarse el próximo miércoles, se defina una posible judicialización de la medida aplicada por el Gobierno nacional. «Vamos a tomar acciones y a decidir un plan de lucha contra esto que es una avanzada, y seguramente por la vía judicial también ejecutemos algún tipo de acción«, manifestó.
Tras alertar por la «complicada» situación que atraviesan los clubes de barrio en este contexto económico, Indicky reiteró su reclamo por la reglamentación de la ley 27.098, que proporciona un marco legal que asegura el apoyo y la regulación necesaria para que los clubes de barrio puedan desempeñar sus actividades de manera efectiva y sostenible.
«Necesitamos urgente la reglamentación de la ley 27.098 que fue sancionada en 2014, que es una ley que ayudaría muchísimo a los clubes, y que más allá de las gestiones, de los cambios de gestiones, si la ley estuviese aplicada no correríamos estos riesgos. Nosotros no queremos vivir del Estado, pero queremos que el Estado nos garantice el poder funcionar normalmente y eso no lo estamos teniendo», remarcó.
