Plaza de Turdera: Un estudiante perseguido, detenido, y agredido físicamente por supuestos “insultos a un grupo de ancianos”. ENAM de Banfield: dos alumnos hostigados hasta el interior del establecimiento, uno reprimido, otro apresado sin motivos. Merendero “Cartoneritos”, de Villa Caraza: Un grupo de policías ingresó violentamente al lugar en una persecución de delincuentes, mientras un grupo de chicos estaba comiendo. Estos hechos, todos ocurridos este año en el Conurbano bonaerense, fueron protagonizados por fuerzas de seguridad en el marco de operativos policiales. “Hay un recrudecimiento de la intervención y violencia policial articulada hacia el sector de los jóvenes”, sostuvo Rodrigo Pomares, director del programa de Justicia y Seguridad democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
“Venimos registrando que se está dando de manera sistemática la detención de niños que están por debajo de los 18 años”, continuó y enfatizó: “Son llevados a dependencias policiales, algo que está vedado, como así también detectamos actuaciones violentas donde la intervención de las fuerzas ser da en el entorno o el interior de los establecimientos educativos”.
En tanto aseguró que el lugar de acción policial no es casual: “En las escuelas en particular, hay un uso demagógico en el sentido de que se usa como excusa para ‘custodiar la seguridad del entorno de la institución’ pero en realidad lo que se ejerce ahí es un esquema de control a los propios jóvenes”.
Para el integrante de la CPM, estos casos se enmarcan en un “direccionamiento de las políticas de seguridad nacional orientadas a exacerbar las lógicas de la intervención policial militarizada para gestionar territorio y un aval discursivo que da lugar a que este tipo de violencias se desplieguen sin ningún costo”. “Nos parece regresivo”, opinó en diálogo con DiarioConurbano.com
En este sentido, apuntó a que dentro de esta “rienda suelta a las fuerzas”, los jóvenes de los sectores populares “son hostigados mediante los medios de comunicación hegemónicos y políticamente” y esto luego “decanta en una estigmatización de los chicos de lugares marginales” dando lugar a que “la violencia policial hacia ellos se de en base a esa estigmatización”.
“Eso genera varios efectos graves porque condiciona a los jóvenes, les da un rol determinado que les limita sus posibilidades de acceso y los pone en una situación desventaja frente a la violencia institucional. Hay barrios enteros del Conurbano bonaerense donde se desarrollan chicos casi de manera endógena, porque la salida de esos lugares implica cacheo, hostigamiento y eventualmente la posibilidad de quedar involucrado en un conflicto armado”, explicó.
Según datos del programa que dirige Pomares, de los casos de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires, en un 22 por ciento las víctimas fueron menores de 18 años, mientras que un 8 no superan los 16, edad por la que debajo de ella la persona es inimputable.
“Aunque no haya un número que sea representativo de la cantidad de denuncias por violencia institucional, los casos van en aumento. A nivel nacional hay un recrudecimiento en el discurso que permite estas actuaciones de abuso policial. Es un tema que preocupa y que denunciamos”, subrayó.
