Un grupo de estudiantes de la Escuela del Servicio de Justicia expresaron su “preocupación y rechazo” por marcha del silencio convocada para el próximo miércoles por un sector de fiscales federales, a raíz de la muerte de Alberto Nisman, funcionario judicial encargado de la investigación del atentado a la AMIA.
Entre los firmantes se encuentran funcionarios judiciales y abogados que ejercen la profesión de forma independiente. Hasta ahora, sólo Justicia Legítima se había expresado en contra de la citada marcha.
“Expresamos públicamente nuestra preocupación y rechazo ante la llamada “marcha del silencio” convocada por un grupo de fiscales. Es paradojal que justamente quienes tienen la responsabilidad de investigar para esclarecer de manera urgente y efectiva la muerte del fiscal Nisman y otras causas de gravedad institucional, se presentan hoy como víctimas ajenas al sistema (judicial) que integran y que se obstinan en preservar, obstruyendo sistemáticamente todo atisbo de reforma”, señalaron los estudiantes de la Especialización en Magistratura, a través de un documento al que tuvo acceso DiarioConurbano.com.
“Tal propuesta, unida a la oportunista adhesión de otros sectores, hacen de la “marcha” un acto de carácter político que contribuye a la confusión general, exacerbada por los medios hegemónicos, y utilizada como excusa con fines electorales, a sabiendas que la investigación sobre la muerte del fiscal se encuentra aún en pleno desarrollo”, agregaron.
La Escuela fue creada por resolución conjunta de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
Los estudiantes consideraron “reprochable” la conducta de quienes “sin representatividad alguna, debieran enfocar su labor en colaborar con sus pares, empeñando su máximo esfuerzo en la realización efectiva de la Justicia, en lugar de forzar exhibiciones públicas inconducentes”, a la vez que afirmaron que “la misión de fiscales y jueces, en tanto servidores públicos, debe estar enmarcada por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las leyes, y no por la política partidaria”.
En su comunicado, recordaron que la tarea de fiscales y jueces “no es ejercer la oposición por cualquier medio, entorpecer las investigaciones, ni neutralizar las legítimas reformas aprobadas por el Congreso Nacional, sino honrar la magistratura a partir de un trabajo comprometido, diligente y eficaz, realizado de cara a la sociedad y en beneficio de la democracia”.
El documento lleva la firma de los estudiantes de la Escuela de la Escuela del Servicio de Justicia María Gabriela Piazza, Roberto Alfredo Conti, Marcela Adriana Vivona, Romina Elizabeth Ramos, Jose Yamuni, Pablo Molins, Josefina Minatta, Mariana Inés Romero, Mercedes Robba, Andres Hutchinson, Fernando Ezequiel Sicilia, Javier Caramielo, María Cándida Etchepare, Vanesa Peluffo, Ariel Alberto Hernández, Norma Beatriz Marmoria, Raúl O. Salinas, Daniela Sodini, Luis María Pochat Bonthoux, María Cecilia Acosta Güemes, María Laura Lucchini Minuzzi y Gustavo Rojas.
