Sergio Mansilla tenía 26 años y padecía patologías graves. Murió tras descompensarse en un traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense a Lomas de Zamora. La familia denuncia un «agujero negro» de 10 horas en el operativo y asegura que el sistema lo dejó morir.
El caso de Sergio Mansilla resume las fallas estructurales del sistema judicial y penitenciario. Tras pasar meses detenido por un asalto en Lanús del que no había pruebas —las cámaras de seguridad incluso lo desvinculaban del hecho—, el joven falleció bajo custodia del Estado. Solo después de su muerte, la Justicia dictó su sobreseimiento, confirmando que la acusación en su contra nunca tuvo sustento.
El «agujero negro» del 7 de octubre
La mayor irregularidad que investiga la familia y su abogada, Samanta Pedrozo, ocurrió durante el traslado para una pericia psicológica en Lomas de Zamora.
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14:00 hs: Terminó la pericia en los tribunales de Lomas. Sergio estaba orientado y esperanzado con obtener la prisión domiciliaria.
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La brecha inexplicable: Sergio no regresó al penal de Merlo de inmediato. Pasaron 10 horas de las que no hay registros claros.
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00:00 hs: Ingresó de urgencia al Hospital Gandulfo con un paro cardiorrespiratorio tras haber agonizado durante el traslado.
Un paciente de riesgo en una «unidad abandonada»
Mansilla no era un detenido más; padecía síndrome de Tourette, epilepsia y problemas de salud mental. A pesar de los pedidos de su defensa y la intervención del Comité contra la Tortura, fue alojado en la Unidad 60 de Merlo, una dependencia que la familia describe como «abandonada y sin recursos médicos».
Durante su estadía, Sergio sufrió convulsiones recurrentes y un deterioro físico progresivo. Sin embargo, el acceso a estudios y medicación básica le fue negado sistemáticamente hasta el día de su descompensación fatal.
Una acusación «atada con alambres»
La detención de Sergio se basó únicamente en el testimonio de una víctima. Ninguna prueba material lo ubicaba en la escena del crimen ocurrido en octubre de 2024. Pese a la debilidad del caso y a su delicado estado de salud, permaneció preso casi un año.
Hoy, con el sobreseimiento en mano pero sin su hijo, la familia apunta contra los responsables del Servicio Penitenciario y el juzgado interviniente por lo que consideran un «abandono de persona seguido de muerte».
