En un duro informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno argentino que “adopte las medidas necesarias para preservar la integridad y la vida” de las personas detenidas en la Comisarías de Ingeniero Budge, de Villa Galicia, en Lomas de Zamora, y de Monte Grande, en Esteban Echeverría.
La resolución de la CIDH es el resultado de planteos realizados en 2014 y 2015 realizadas por la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y por la Comisión Provincial por la Memoria. La resolución abarca también comisaría del partido de La Matanza.
El organismo pidió al Gobierno argentino, además, “tomar acciones inmediatas para reducir el hacinamiento” en esas dependencias policiales, y reducir la estadía prolongada de detenidos allí. El acceso a agua potable, mejores condiciones de higiene y tratamientos médicos adecuados fueron otros de los pedidos de la CIDH en su resolución conocida en los últimos días.
Antes de fin de mes, el Estado argentino deberá elevar un informe con las mejoras realizadas en estas comisarías.
En la medida cautelar, la CIDH pidió la implementación de un plan de evacuación para esas dependencias, además de la colocación de extinguidotes de fuego.
En la fundamentación, se señalan los informes anteriores en los que no se registran mejoras en las condiciones de detención en esas comisarías de Lomas de Zamora y Echeverría, además de registrarse un “agravamiento de las condiciones de alojamiento de los detenidos”.
La CIDH subrayó la existencia de un “hacinamiento crítico”, que ocasiona la proliferación de distintas enfermedades entre los detenidos en las comisarías de Ingeniero Budge, Villa Galicia y Monte Grande.
En sus informes – avalados por la CIDH – la Defensoría de Casación y la Comisión Provincial por la Memoria detectaron el mes pasado que la situación denunciada en 2015 no había mejorado. En la Comisaría de Villa Galicia, señalaron “un grave estado de abandono” y advirtieron que los detenidos sólo reciben asistencia médica si un juzgado interviene.
El cuestionamiento a la Comisaría de Ingeniero Budge fue más fuerte. Espacio insuficiente, peligrosidad de la instalación eléctrica, suciedad, falta de ventilación y la falta de luz natural fueron remarcados en el informe recibido y avalado por la CIDH en su medida cautelar. Asimismo, se señaló que el traslado a un centro médico de los detenidos “depende del criterio del guardia”. Sobre la Comisaría de Monte Grande, se hizo hincapié, también, en los graves problemas edilicios.
Esta situación que convalida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había sido advertida por organismos de derechos humanos de nuestro país, sin recibir una solución integral por parte del Estado argentino.
La medida cautelar de la CIDH llega luego de pedidos de prórroga para dar respuestas por parte de nuestro país, además de emitir informes sobre mejoras que luego no se comprobaron efectivamente.
