A tres meses del ataque que sufrió Ignacio Seijas, un joven que recibió un disparo por un policía en un allanamiento erróneo en Villa Albertina, la familia espera el resultado de la apelación por la excarcelación del imputado. También solicitaron que se cambie la carátula de “lesiones graves” a tentativa de homicidio, que es como estaba antes de la liberación.
El único acusado es el oficial Daniel David Antonio quien obtuvo la excarcelación por una decisión de la jueza Marisa Salvo, que pertenece al Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora. Para tomar esta decisión, la jueza degradó la calificación legal el pasado 20 de agosto y argumentó que no existieron intenciones de matar al haber disparado con postas de goma.
En diálogo con DiarioConurbano.com, Marina Candia, madre del joven manifestó: “Ese tipo es un asesino porque le disparó a mi hijo a menos de dos metros cuando conocía otras maneras de reducirlo. Ella está avalando a estos asesinos pero voy a seguir luchando porque no quiero que a ningún pibe le pase esto”.
Antonio había sido encarcelado el 17 de julio luego de que la querella pidió cambiar la carátula de “lesiones graves” a “homicidio en grado de tentativa” pero la decisión se revirtió por la apelación de la defensa. Con la nueva apelación de la querella, se espera la resolución para los próximos 40 días.
Con respecto al cambio de carátula, la madre del joven apuntó: “El homicidio en grado de tentativa tiene una pena entre 8 a 15 años mientras que las lesiones graves es entre un año y tres. Este tipo sigue laburando y matando gente después de esa condena”.
Se cambió la calificación legal porque se considera que la fiscalía no probó el elemento doloso, es decir que el policía no tuvo intención de matar. Entre los argumentos se especificó que el simple hecho de que la institución policial utilice postas de goma da lugar a que no existe intencionalidad dolosa.
“Tuvimos mucha mala suerte de que ella esté a cargo, si hubieses sido otra jueza el tipo estaría preso. Ella buscó el error con el artilugio legal y en vez de hacer justicia, eligió dejarlo libre”, manifestó Nelson Cabrera, padrastro de Ignacio a este medio.
La familia elaboró un petitorio en repudio de la decisión de la jueza y distintos organismos y personas referentes de derechos humanos apoyaron el pedido, como Nora Cortiñas, María del Carmen Verdu, Patricia Walsh, Ismael Jalil, entre otros. La querella había solicitado sumar a los organismos como querellantes pero Salvo lo desestimó.
En este sentido, Cabrera explicó: “No quiso integrarlos porque ella piensa que no fue un asesinato colectivo pero esto es un atentado contra la vida y los derechos de una persona”.
El ataque ocurrió a mediados de junio cuando un grupo de policías allanó una vivienda ubicada en Villa Albertina, pero era una dirección equivocada. En el marco de la investigación por unos objetos robados en una escuela de Villa Centenario, los efectivos policiales ingresaron al domicilio, en donde se encontraba Ignacio. El joven recibió varios disparos de balas de goma, lo que produjo la pérdida de su vista en el ojo derecho.
