Cuatro detenidos y casi 100 millones de pesos secuestrados fue el saldo de una investigación que permitió desarticular una banda dedicada a las apuestas ilegales on line a través de una página web. Además de la falta de autorización del sitio de Internet usado, en las apuestas clandestinas participaban menores de edad. Hubo allanamientos en Banfield, Ingeniero Budge, Lanús y la provincia de Santa Fe.
La investigación fue un trabajo conjunto entre el Instituto de Loterías de la Provincia – original denunciante –, la UFI 8 de Lomas de Zamora, a cargo de los fiscales Jorge Grieco y Alejandro Alleno, el Juzgado de Garantías 8 de Lomas, a cargo del juez Gabriel Vitale, y efectivos de la Policía Bonaerense.
En los allanamientos se secuestraron 53.400 dólares; 25.000.000 de pesos; 5.000 Reales; una Ford Ranger Limited 4×4 O km; un Peugeot 208 Feline modelo 2023; dos escrituras de inmuebles; 2 armas de fuego; 37 celulares y 8 notebooks.
Fueron detenidos 4 hombres como organizadores mientras que fueron imputados – no detenidos – otros 4, quienes integraban la banda de juego ilegal.
En el transcurso de la investigación, a pedido de la UFI 8, el juez de Garantías dispuso el bloqueo y embargo de cajas de ahorro, plazos fijos y billeteras virtuales que utilizaba el grupo delictivo para manejar el dinero.
La banda actuaba a través del sitio web Bet-71.com, que fue bloqueado por la Justicia en el marco de esta investigación.
“Esta investigación en particular comenzó en y se encuentra dirigida hacia una extensa red de juego ilegal mediante apuestas clandestinas de casino, las cuales no solo carecen de autorización o permiso, sino que se determinó la participación de menores de edad en las actividades de juego”, informaron fuentes de la investigación a DiarioConurbano.com.ar.
Los investigadores destacaron que es la primera causa que logra avanzar contra los tres nivel de apuestas ilegales.
LOS NIVELES DE LA BANDA
Los fiscales Grieco y Alleno sostuvieron en el pedido de allanamiento y detención que “la red delictiva se halla organizada en una estructura jerárquica que consta de tres niveles como se menciona en las publicaciones del sitio web pesquisado; siendo el primer nivel, los cajeros cuya responsabilidad es interactuar directamente con los jugadores y facilitar las transacciones financieras; son responsables de atraer nuevos clientes a través de las redes sociales y otras plataformas en línea; reciben una comisión por cada apuesta realizada por los jugadores que reclutan y dependen de los respaldos (nivel 2) y administradores (nivel superior)”.
En el segundo nivel se encuentran los respaldos quienes son los responsables de coordinar y gestionar las operaciones de la red de apuestas clandestinas, actúan como intermediarios entre los proveedores financieros y los administradores; en el tercer y mas alto nivel, estan los administradores, quienes son los reclutadores de cajeros y su papel es garantizar el flujo constante dinero, teniendo acceso a información confidencial del casino virtual y a la colocación del dinero, en cuentas, para blanquearlas.
“El funcionamiento del juego ilegal en línea se basa en la clandestinidad y la eficiencia, aprovechando las plataformas digitales para alcanzar una amplia audiencia de jugadores potenciales -varias personas menores de edad-, utilizando como mecanismo la publicidad en redes sociales, usando a veces perfiles falsos o anónimos para promocionar el casino virtual y atraer nuevos clientes, asimismo realizan los pagos de los premios por medio de transacciones financieras utilizando mayormente la plataforma de Mercado Pago, o billeteras virtuales”, sostuvieron los fiscales de Lomas.
En base a lo expuesto, el juez Vitale dispuso librar las órdenes de allanamiento requeridas respecto de los domicilios de las personas sindicadas, a fin de secuestrar elementos relacionados con el delito bajo investigación.
Vitale también dispuso dispuso el embargo con inmovilización de todas las cuentas con titularidad de los nombrados en la investigación, “a los fines de hacer cesar las acciones presumiblemente ilícitas y evitar que los nombrados puedan disminuir su patrimonio en perjuicio de un posible resarcimiento a quienes –eventualmente- podrían resultar víctimas de los hechos pesquisados”.
