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Con allanamientos en Budge y Avellaneda, cayó una banda que generaba criptomonedas ilegales

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Agentes de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal  desmantelaron una red nacional e internacional de hackers acusados por una defraudación informática millonaria que generaban criptomonedas ilegales.

Esta investigación surgió a raíz de múltiples denuncias por defraudación informática, donde se detectó la implantación de un malware (software malicioso que infecta sistemas informáticos para obtener acceso a información confidencial, dañar archivos o robo de cuentas bancarias), en empresas privadas y firmas financieras, desmantelando de esta manera a una red de hackers creadores de un gigantesco fraude informático. Intervinieron las Unidades Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración del equipo especializado en la investigación de criptoactivos de la Procuración General, en razón de haber detectado múltiples denuncias por el delito de defraudación informática, mediante la implantación de dicho malaware en varias empresas.

De las amplias y discretas investigaciones realizadas por los efectivos federales, se estableció que los ciberdelincuentes utilizaban un sofisticado software malicioso creado para dañar los sistemas operativos y obtener las credenciales bancarias de diversas compañías, permitiéndoles vaciar sus cuentas y desviar los fondos a numerosas billeteras de cripto activos para no ser detectados y de esta manera dificultar su rastreo y su recuperación.

Las pesquisas incluyeron la utilización de un software especializado en el seguimiento de criptomonedas, permitiendo llevar adelante la trazabilidad de los fondos y su posterior análisis. Asimismo, fueron monitoreados los flujos de fondos de los blockchains (registro de transacciones digitales ) y el intercambio de criptodivisas, pudiendo así rastrear los monederos utilizados e identificar a sus titulares que operaban en nuestro país y en distintos países de Latinoamérica, con diferente grado de participación.

Como resultado de las diversas investigaciones se estableció que el monto de las transacciones ilegales e intercambio de criptodivisas ascendió a 1.500 millones de pesos aproximadamente.

Con el total de las pruebas obtenidas, el Departamento Especializado en Investigación de Criptodivisas del Equipo de Coordinación Fiscal de la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires, fundamentó el requerimiento a las fiscalías interventoras para efectuar los respectivos allanamientos de manera simultánea.

De esta manera se efectuaron 54 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, Remedios de Escalada, Villa Elisa, La Plata, Ingeniero Budge, Quilmes, Lomas de Zamora, Virrey del Pino, San Martín, Merlo, Hurlingham, José C. Paz, Villa Dominico, Florencio Varela, Avellaneda, Almirante Brown, Olavarría, Chivilcoy y en las provincias de Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Tucumán y Río Negro. Además se procedió a la detención de los tres principales integrantes de dicha organización criminal como también de los tres partícipes necesarios del desvío de los fondos. De igual modo fueron notificados de la causa 48 personas. Cabe destacar que se emitieron nueve detenciones internacionales con alerta roja de Interpol para ciudadanos residentes en países tales como Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Colombia y Estados Unidos.

El procedimiento permitió el congelamiento de billeteras virtuales cuyo monto asciende a 18 mil cripto activos USDT (aproximadamente 18 millones de pesos). Asimismo se secuestró 800 mil pesos, 200 dólares, 71 teléfonos celulares, 5 dispositivos electrónicos, 14 notebooks, 5 tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, 6 computadoras de escritorio, 7 billeteras virtuales congeladas y demás elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que además de los 54 allanamientos efectuados por los efectivos federales, se realizaron ocho procedimientos llevados a cabo por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de forma simultánea.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.


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