Un hombre acusado de lavar dinero de una banda narco que operaba en la provincia de Chaco fue detenido en Fiorito, partido de Lomas de Zamora, cuando se movilizaba en una camioneta de alta gama y con una identidad falsa.
En un operativo coordinado entre el Departamento de Investigaciones Complejas Interior del Chaco y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lograron la detención del sospechoso, identificado como Ariel Alberto Sosa, líder del Clan Sosa, quien se encontraba con pedido de captura nacional e internacional vigente por delitos vinculados a la Ley de Lavado de Activos provenientes del narcotráfico.
Las fuentes detallaron que la investigación, encabezada por personal especializado del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, en conjunto con el Departamento Homicidios bonaerense, permitió activar diversas alertas en el conurbano sur, lo que derivó en la interceptación de un vehículo Toyota negro en jurisdicción de la Comisaría Quinta de Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora.
El conductor de la Toyota presentó un documento nacional de identidad a nombre de otra persona. Sin embargo, la verificación de su fisonomía y datos permitió establecer que se trataba del prófugo buscado, quien intentaba ocultar su verdadera identidad, añadieron.
Tras consultar a las autoridades federales con competencia en la causa, se ordenó su inmediata detención y el secuestro del vehículo.
El procedimiento fue comunicado al Juzgado Federal de Sáenz Peña, que interviene en la investigación original, relacionada con una causa por infracción a los artículos 303 y 304 del Código Penal, referidos al lavado de activos de origen delictivo.
Por último, voceros de la policía chaqueña anunciaron que las diligencias continúan con el objetivo de concretar el exhorto y posterior traslado del detenido a esa provincia.
De acuerdo a Diario Tag, la investigación detectó que el grupo familiar realizó millonarios movimientos de dinero entre 2019 y 2021, con la compra de inmuebles, de vehículos de alta gama y emprendimientos inmobiliarios. La causa se inició en 2020 tras una denuncia de la ex AFIP.
