Por Laura Berardo (*) Quienes trabajamos en lo social no debemos confundirnos con que las medidas anunciadas por el actual gobierno resolverán el incremento de la pobreza generado en estos cuatro meses. Estas medidas se constituyen en un fraude frente al impacto del modelo de ajuste económico para el endeudamiento aplicado por Macri.
Las intenciones mencionadas de extender la Asignación Universal por Hijo a monotributistas, incrementar los montos de facturación para estos últimos, extender el tiempo de cobro de asignaciones familiares en trabajadores temporarios o suspendidos, aumentar el seguro de desempleo, presentar un proyecto de ley para devolver el 15% del IVA a jubilado/as y a quienes perciben la AUH hasta un tope de $300, aumentar por única vez $ 500 para estos últimos grupos sociales, evidentemente son decisiones tomadas frente a un explosivo pronóstico social de disminución del trabajo y de dificultades económicas para el pueblo argentino por un largo periodo de tiempo.
Para estas intenciones el gobierno dice que invertirá 30 000 millones de pesos (2000 millones dólares aproximadamente) que pueden confrontarse desproporcionadamente, en términos de prioridades gubernamentales, a los 16 500 millones de dólares (247 500 millones de pesos) con los cuales hoy el Ministro de Hacienda A. Prat Gay endeudó a la Argentina a 30 años mayoritariamente con Estados Unidos a una tasa de interés promedio del 7, 2%, con el principal objetivo de pagar a los fondos buitres y houldauts. A partir del impacto del proceso devaluatorio incrementando el precio del dólar y la quita o disminución de impuestos a las exportaciones agroganaderas, industriales y de la minería; la pobreza y desigualdad aumentó en la argentina. Estudios de la UCA y de CIFRA (CTA) plantean que en nuestro país se incrementaron aproximadamente en 1,1 millón las personas bajo la línea de pobreza, situación complejizada por los más de 100.000 despidos en el sector público y privado, la inflación en los precios de productos de consumo diario, el aumento de tarifas de transportes y, en el futuro inmediato, las de los servicios de electricidad y gas. Los resultados del modelo en desarrollo son: Una devaluación que favorece en sus ganancias a los sectores exportadores hegemónicos, disminuyendo sus costos de producción mediante la reducción del salario en un 50%, internacionalizando (mediante aumentos) el precio de los productos de consumo interno y achicando los mercados locales productores de trabajo. Un estado disminuyendo su capacidad de intervención mediante el despido de numerosos empleado/as públicos, muchos de ellos/as promotore/as de las políticas de inclusión social y abordaje integral desde la perspectiva de derechos, solo, por considerarlos excesivos desde la concepción de eficiencia y eficacia empresarial impregnada en las actuales direcciones públicas.
Un endeudamiento externo en función de los intereses de sectores financieros especulativos, que de acuerdo a nuestra experiencia de padecimiento de las políticas neoliberales de fines del siglo pasado, beneficiara a sus acreedores más con el incremento de las tasas de interés y de capital que por lo netamente prestado, cobrándoselo a través del trabajo argentino y la desestructuración del estado. En este contexto el objetivo de “Pobreza Cero” planteado por el gobierno de Macri junto a su Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, su Ministro de Trabajo Jorge Triaca y su Ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay es una falacia, pues las políticas sociales se constituyen de inclusión en proyectos de distribución de la riqueza y de democratización. En proyectos de ajuste, medidas sociales como las anunciadas, son paliativos que reproducen la pobreza para seguir concentrando el poder económico y distribuirse los recursos del país entre los históricos poderosos.
[*] Lic. en Trabajo Social. Profesora en Fac. Cs Sociales UNLZ
